El Pleno de la Asamblea concluyó el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Inquilinato que tiene como objetivo proteger de manera integral los derechos de las personas que participan en relación contractual de inquilinato; equilibrar derechos y obligaciones entre las partes que intervienen en la relación arrendaticia.
Además, la propuesta busca cubrir vacíos legales y adecuar esta legislación a la norma constitucional y leyes orgánicas atinentes a la materia, como por ejemplo el Código Orgánico de la Función Judicial. También, establecer procedimientos expeditos que aseguren los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, celeridad y economía procesal, haciendo efectivas las garantías del debido proceso y tutela judicial efectiva.
Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y ponente del proyecto, luego de la intervención de 11 asambleístas, pidió al Presidente de la Asamblea Nacional; Fernando Cordero Cueva, suspenda la votación, a fin de estudiar las observaciones planteadas por los legisladores y preparar el texto final, sugerencia que fue aceptada por el titular de la Legislatura
Andino indicó que el proyecto es necesario en virtud de la serie de problemas de carácter social y legal ante la administración de justicia que se han presentado en materia de arrendamiento de inmuebles, lo cual ayudaría a solucionar los mismos, pues el Pleno de la Asamblea, en su momento, debe expedir un texto integral acorde con el ordenamiento constitucional en esta materia.
Recalcó que se requiere una serie de reformas para garantizar los derechos de los arrendadores y arrendatarios, éstos últimos, en muchos casos han sido sujetos de una serie de abusos arbitrarios por parte de los dueños del inmueble.
Dijo que si bien es cierto que se está trabajando en un Código Procesal Oral, es necesario que el organismo legislativo ponga su mirada en este tipo de reformas a la Ley de Inquilinato que ayudaría a las dos partes. Precisó que la normativa crea una oficina de Registro de Arrendamientos que se encargará de inscribir el contrato de arrendamiento, mismo que debe estar a cargo de los municipios.
Explicó que se elimina la posibilidad que el dinero de garantía sea entregado al propietario del inmueble en beneficio personal y que efectivamente cumpla con su objetivo, esto es asegurar el pago de los posibles daños ocasionados en los inmuebles arrendados, eliminando además la mala costumbre que propietarios descuenten de manera arbitraria valores por daños y perjuicios que no corresponden.
En el debate los parlamentarios resaltaron la importancia de aprobar estas modificaciones a la Ley de Inquilinato y subrayaron que se deben crear las condiciones para que los municipios puedan tener una oficina que registre los arrendamientos, a la vez que dijeron que es importante establecer un equilibrio en las garantías de los contratos de arrendamiento.
Resaltaron la importancia de establecer el proceso oral para resolver los conflictos derivados de los arriendos; dijeron que exigir dos cánones de garantía no es un beneficio para la población más desprotegida, por lo que pidieron que sea de un mes; que en el cuerpo legal se determine prohibiciones para que en los contratos de arrendamiento no se incluyan determinados condicionamientos.
El titular de la legislatura desde su curul señaló que las condiciones de habitabilidad deben ser mejor establecidas sin diferenciar lo urbano y lo rural.
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