El asambleísta Luis Fernando Torres, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, subrayó que el proyecto de Código Orgánico General de Procesos (COGEP) es un instrumento eminentemente técnico, en el que no hay disputas de orden ideológico, ni tampoco político.
Precisó que la normativa permitirá asegurar que se instaure la oralidad en todos los ámbitos, al explicar que actualmente se aplica ya esa figura en materias laboral y penal; ahora, se extiende a los ámbitos civil, contencioso administrativo, tributario y a todo tipo de procesos.
Establecerá, continuó, exigencias para los abogados y nuevos conocimientos para los jueces. Será un instrumento para que, con mayor agilidad, se puedan resolver los casos, pues si ahora la declaratoria de un derecho toma cinco años, se espera que con este cuerpo legal este tome un año y medio o, máximo, dos años.
Consideró que es pertinente la inquietud del Presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, expuesta en la comisión, en el sentido que se debe implementar una evaluación integral a la aplicación del sistema de la oralidad en el país, lo cual constituye un desafío, dijo.
En el fondo, si el Código logra superar una serie de trabas de orden institucional, administrativo y operativo, hará una gran contribución para que tengamos un sistema judicial mucho más ágil, resaltó el representante de la provincia de Tungurahua.
Comentó que, posiblemente, en el primer debate en el Pleno se presenten múltiples observaciones, por ello, para la discusión en segunda instancia se podría llegar con un texto debidamente depurado, al enfatizar que especialistas de todas las vertientes han hecho aportes durante el proceso de socialización.
Esperamos contar con las opiniones de más voceros y juristas, en el objetivo de desarrollar un código bien estructurado, concluyó Luis Fernando Torres.
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