El presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Mauro Andino Reinoso, al retomar el debate del Libro Primero del Código Integral Penal que hace referencia a los delitos y las sanciones, informó que se incorporan nuevos tipos de delitos para evitar la impunidad, la inseguridad jurídica.
Así mismo, expresó que también se incluyen sanciones para las personas jurídicas, el femicidio, el sicariato y de este modo combatir al crimen organizado y a la delincuencia.
Explicó que las personas jurídicas, al igual que las naturales, pueden cometer una serie de delitos, como tráfico de órganos y de personas, la esclavitud y, en consecuencia, estarían sujetas a disolución o suspensión de sus actividades, sin perjuicio de sanciones de carácter económico, porque es obvio que una persona jurídica no puede ser privada de la libertad.
Resaltó que con la nueva normativa se deja atrás un Código Penal que data de 80 años, aproximadamente y que está en contraposición del marco constitucional y los tratados internacionales.
Igualmente, dijo, se determinan nuevos tipo de delitos, porque “a medida que el mundo avanza, se generan nuevos delitos y la delincuencia va armándose, va causando daño y ante ello tenemos que declararle la guerra a la impunidad y a la delincuencia”.
Mauro Andino dio a conocer que proponen despenalizar aproximadamente 16 tipos de delitos que hacen referencia a la injuria y lo dejan en dos: la difamación y la calumnia que tiene que ver cuando alguien imputa falsamente el cometimiento de un delito, ejemplo que una persona es asesino, violador o que le den el calificativo de moroso, sin haber de por medio una acción de carácter legal.
Sostuvo que el tráfico, la comercialización y sembrío de drogas debe ser sancionado con penas severas, porque se trata de un delito que hay que combatirlo con frontalidad. Con respecto a la dosis para el consumo personal sugieren que el tema sea incluido en el Código de la Salud.
No es que estamos despenalizando el consumo, porque en el Ecuador no está penalizado, si vemos el artículo 364 de la Constitución se establece que la adicción a las drogas se lo debe tratar como un problema de salud pública. Así lo prevé la Ley de Sustancias Psicotrópicas y así se ha pronunciado inclusive la ONU, el antiguo Tribunal de Garantías Constitucionales y la Corte Constitucional de Colombia que es un referente en estos fallos, recalcó.
A su vez, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, destacó que la reforma integral penal es una necesidad urgente, una de las prioridades y preocupaciones del pueblo, a la vez que explicó que en el Primer Libro se incorporan nuevos tipos penales, por ejemplo el femicidio, el sicariato, secuestro express, entre otros.
Expresó que el Código Integral Penal busca que no exista impunidad, que se sancione aquellos delitos que afectan a la sociedad entera, a nuestras familias. El debate será amplio, pues de trata de un documento de más de 1100 artículos, de modo que las jornadas en la Comisión de Justicia serán arduas y comprometidas con la gran responsabilidad de reformar todo el estamento penal de nuestro país, subrayó.
Puntualizó que el código incorpora la figura del femicidio, considerando que es una penosa realidad social de nuestra convivencia y constituyen aquellos actos en los que las mujeres mueren víctimas de la violencia intrafamiliar y que normalmente su agresor ha sido su ex pareja, su conviviente o su marido. Ante eso la sociedad no puede dejar pasar actos que atentan contra lo más importante en una sociedad que es la familia, enfatizó.
PV
