Dirigentes de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE) y de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (CEDOC) solicitaron a la Comisión de Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, que en la Ley de Servicio Público se incorporen normas que den seguridad a los empleados en el desempeño de sus funciones.La presidenta del organismo legislativo, Nivea Vélez, destacó que en la ley prevalecerá la “meritocracia” para la selección y nombramiento de los empleados públicos y asegurar una gestión en función de los intereses colectivos, aunque incomode el interés particular.
Explicó que en este contexto la comisión continúa recogiendo los múltiples aportes de parte de la ciudadanía, los mismos que serán incorporados en una gran matriz y fue entregada a cada uno de los asambleístas, a fin de que emitan sus observaciones, a la vez que subrayó que con esos insumos se está armando una sola propuesta, que tenga el apoyo de los diversos sectores legislativos.
La intensión de esta comisión es lograr una Ley que recoja en lo posible las aspiraciones de los actores inmersos en esta temática.
El coordinador nacional de la CEOSL, Eduardo Cumba, manifestó que si bien están de acuerdo en algunos aspectos de la propuesta, tienen varias observaciones, por lo que pidió se les permita participar en la subcomisión para discutir y generar los aportes de los trabajadores.
Expresó su preocupación porque se crean normas relativas a la evaluación, indemnizaciones que podrían provocar la salida del personal.
A su vez, Carlos Sánchez, de la UGTE, manifestó que “los trabajadores requerimos seguridad jurídica, respeto a la Constitución, a los convenios internacionales y, sobre ese marco jurídico, se estructuren las demás leyes que van a regular las relaciones obrero-patronales, pero lamentablemente nos ponen disposiciones legales, reglamentarias, decretos ejecutivos que van en contra de esos principios”.
De su lado el presidente de la CEDOC, Fernando Ibarra, dijo que el mayor problema de la Ley de Servicio Público está en un sólo artículo y es el que se refiere a los despidos intempestivos. No se puede generar inestabilidad laboral, porque a título de que existen recursos para pagar las indemnizaciones, se podría separar al personal cuando se les ocurra a las autoridades. Los recursos del Estado deben ser para generar servicios públicos y mejorar los existentes y eso se consigue con estabilidad laboral, subrayó.
Reconoció la necesidad de aplicar sanciones a los servidores públicos, que con recursos del Estado que violan la ley, considerando que los fondos del Estado deben ser manejados con honestidad, eficiencia y con pulcritud.
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