Hoy, por tercer día consecutivo, la Comisión de Fiscalización continuó con la sustanciación del proceso de juicio político contra el fiscal General del Estado, Washington Pesántez. En esta ocasión, los asambleístas acusadores presentaron las correspondientes pruebas de cargo.En la sesión 31 de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que se cumplió en el Salón del ex Senado, estuvieron presentes el titular de la Asamblea, Fernando Cordero Cueva, organizaciones de mujeres, delegados de la Facultad de Jurisprudencia, que cumplen el papel de veedores. Además, las barras altas estuvieron llenas de colectivos ciudadanos.
Flagrantes violaciones
Francisco Velasco precisó que Pesántez solicitó al CONSEP, a través de una comunicación escrita, de fecha 24 de noviembre 2008, la entrega de cinco vehículos – bienes inmuebles para implementar laboratorios químico forenses para el mejoramiento de los niveles de gestión institucional.
Dicha entrega se realiza el 19 de febrero 2009, en cuyo lote constaba el auto Porsche Cayenne, avaluado en el mercado comercial en 71 000 dólares, que ha servido para el traslado personal de Pesántez, pero recién el 11 de marzo se firma el respectivo comodato, de modo que la asignación se hizo de manera ilegal.
La figura del comodato, así sea de una entrega provisional, determina, acorde a la Resolución 35 del CONSEP, la presentación del proyecto de factibilidad que sustente el destino y uso; la suscripción inmediata del contrato de comodato; entrega previa de pólizas de seguros y el acta de entrega recepción, sin embargo, tales requisitos no se cumplieron, lo que constituye una clara violación de la citada norma, así como de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y la Resolución 35, puesto que el pedido se alejó totalmente de los objetivos.
Manifestó que el funcionario cuenta con cuatro vehículos para su desplazamiento personal y dos adicionales para su familia, al recordar que el Porsche era parte de un juicio, por lo tanto el Juzgado de lo Civil de Guayas resolvió que se lo devuelva al Banco Bolivariano, lo que fue avalado por el fiscal del Guayas, Antonio Gagliardo, a quien el Fiscal General le exigió que en el plazo de 72 horas explique los fundamentos de su dictamen.
El 28 de enero de 2010 se suscribió el acta de entrega recepción del carro, por parte de la Fiscalía al CONSEP y, al otro día, se lo puso en manos de Bosco Solórzano, a quien el propietario Francisco Borja Zavala, primo político de Washington Pesántez, le designó como responsable de los trámites y pago de impuestos. Borja había adquirido en 20 000 dólares la propiedad del Porsche, que no consta registrado en la base de datos de la Comisión Nacional de Transporte Terrestre.
Por último, Velasco resaltó la actitud de los testigos que han perdido el temor y el miedo, a pesar de actos de intimidación, para hablar sus verdades.
Tráfico de dictámenes
De su parte, el asambleísta Virgilio Hernández señaló que en la Fiscalía, lamentablemente, se ha establecido una red que ha traficado con los dictámenes, lo que constituye violación del artículo 195 de la Constitución.
Mencionó que la denuncia más fehaciente es la formulada por la Fiscal de El Oro, Lucy Blacio, quien confirmó que Bosco Solórzano se trasladó a la provincia para presionarla que cambie su dictamen en el caso Oceanus S.A.
Como no conseguía su propósito, le puso al teléfono con el fiscal Pesántez, quien le exigía rectificar su proceder. Al final, la funcionaria, quien por dos oportunidades fue condecorada por el gobierno de Estados Unidos por su lucha contra la trata de personas, se vio obligada a renunciar a su cargo, demostrando altos principios y honestidad, sostuvo.
Indicó que el mencionado Bosco Solórzano ha viajado por siete ocasiones al extranjero y registra 160 viajes al interior del país; no aparece como funcionario de la Fiscalía General del Estado; no ha pagado impuestos, a pesar que tiene RUC, entonces, cómo es que participaba en todos y cada uno de los actos de la institución, siempre junto a Pesántez, preguntó Hernández.
Además, ratificó que por varias ocasiones a Solórzano se le vio en los pasillos de la Asamblea intentando cambiar el criterio de los legisladores, a fin de que se deje sin efecto el juicio a Washington Pesántez, por lo que propuso su destitución y que la justicia investigue las casos de corrupción.
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