Una vez que los integrantes de la Comisión de Derechos Colectivos escucharon los planteamientos de los padres de familia, quienes denunciaron irregularidades en el proceso de inscripción para los estudiantes de octavo de básica, el organismo legislativo resolvió oficiar a los funcionarios del Ministerio de Educación, a fin de que respeten los cupos asignados, se deje sin efecto la nueva convocatoria y que los 15 mil estudiantes que no fueron favorecidos en los sorteos sean ubicados en los diferentes establecimientos educativos de la sierra y amazonía.
El presidente de la Comisión, Marco Murillo, señaló que si la cartera de Estado correspondiente persiste en anular la asignación de cupos, iniciará un proceso de fiscalización, previo al inicio de un enjuiciamiento político a la ministra Gloria Vidal.
A la reunión de trabajo asistieron padres y madres de estudiantes a quienes se les asignaron los cupos en varios centros educación básica, quienes denunciaron el atropello de los derechos constitucionales de los jóvenes, por cuanto se les niega el acceso a la educación sin discriminación. También fue invitada la Ministra de Educación quien justificó su ausencia en el cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa
Mientras, Fernando Robalino, abogado de los perjudicados, subrayó la necesidad de sancionar a quienes incurrieron en el mal manejo del proceso de selección y posterior sorteo de cupos para el ingreso a octavo de básica, por parte del Ministerio de Educación, mismo que hoy se pretende nulitar, en perjuicio de miles de estudiantes.
Indicó que lo actuado con anterioridad no tiene por qué invalidarse, en razón de que es un acto netamente lícito, por tanto, la Ministra de Educación, no tiene por qué borrar todo el proceso, de un solo plumazo.
Entre tanto, Rosa Rivadeneira pidió que los comisionados hagan respetar la lista que nunca fue viciada, en consecuencia, se sancione a los responsables de hechos ilícitos y se reconozcan los derechos como personas, consagrados en la Constitución, a padres y madres de familia, a los jóvenes estudiantes, ya que los afectados no solo son los 55 mil alumnos que están en este problema, sino el núcleo familiar, que asciende a 255 mil personas.
La ineptitud de ciertas personas no tenemos por qué pagar los estudiantes y padres de familia, dijo Wilman García.
Remoción de la Ministra
De su lado, la asambleísta Lourdes Tibán, vocal del organismo legislativo, de conformidad con el artículo 11, numeral 9 de la Constitución, demandó la remoción del cargo de la Ministra de Educación, Gloria Vidal, por atentar contra los derechos garantizados en la Carta Política, respecto de la educación para todo ciudadano en igualdad de condiciones.
Indicó que el gobierno debe crear más instituciones, poner nuevas partidas presupuestarias para más profesores y ampliar el nivel de acceso a la educación, porque la decisión de la funcionaria de Estado de volver a matricular a los estudiantes generará nuevamente un déficit de cupos.
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