El legislador Andrés Páez reivindicó como suya y de Izquierda Democrática la propuesta de consultar al pueblo sobre si está de acuerdo o no con la acumulación y endurecimiento de penas para los delitos considerados atroces como violación, homicidio, asesinato, secuestro con muerte de la víctima, delitos contra la administración pública, delitos de lesa humanidad y en la concurrencia de delitos, para contribuir a la lucha contra la delincuencia e inseguridad.
Recordó que la Corte Constitucional emitió providencia favorable al respecto el 13 de septiembre de 2010 y el pertinente informe de procedibilidad, admitiendo así a trámite, por lo que ahora es pertinente realizar una intensa campaña de recolección de firmas una vez que el Consejo Electoral facilite los correspondientes formularios.
Se mostró complacido con el hecho de que el Presidente de la República haya acogido esta iniciativa.
Más irregularidades en administración de justicia
Acompañado de un importante grupo de familiares de las víctimas del crimen organizado, Andrés Páez presentó más denuncias de irregularidades cometidas por parte de los operadores de justicia.
Comentó que la figura de la suspensión condicional del proceso, incorporada en la legislación penal en febrero del año 2009, que está supeditada a la comisión de delitos leves, ha sido utilizada por ciertos jueces para favorecer a quienes han incurrido en delitos graves sancionados con reclusión, tales como autores de delitos de sustracción con violencia y amenazas, robo en pandillas, robo con heridas, fabricación de armas, municiones y explosivos, tenencia y posesión ilícita de drogas y sustancias estupefacientes, interrupción de sistemas de comunicación y otros, con lo que han sido liberados 150 delincuentes.
Igualmente, aseveró que la Corte Constitucional dejó sin efecto el 24 de abril de 2009, la norma que impedía que los reincidentes se puedan acoger al régimen de libertad controlada y al de pre libertad.
Por último, precisó que la Defensoría Pública Penal, utilizando dineros del pueblo, auspició la libertad de Carlos Alfredo Miño Flores o Julio César Castro Contreras, alias Tayo-Tayo, uno de los delincuentes más buscados y quien fuera encausado por el Tribunal Primero de lo Penal.
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