La asambleísta Pamela Falconí, de la provincia de Los Ríos, propuso que se incorpore en la Ley de Educación General los cursos de refuerzo de la enseñanza pública (CREP), servicio que podrán ofrecer los centros públicos de enseñanza básica y bachillerato del Ecuador.La propuesta la presentó ante la Comisión Ocasional de Educación, en donde planteó que la ley permita al centro docente implementar estos cursos por un determinado número de horas, pero fuera del horario escolar ordinario. Su duración será coordinada y regulada por los consejos educativos institucionales.
Explicó que las clases deben ser impartidas por los profesores de las instituciones, maestros de educación popular permanente y estudiantes universitarios de acuerdo con su especialización.
Anunció que los alumnos de todos los centros de enseñanza pública del Ecuador pueden inscribirse en cualquier centro educativo del país. Así mismo tienen derecho a conocer la identidad y experiencia del docente que impartirá las clases.
Para que se constituya un CREP y sea ofertado por un centro educativo debe haber al menos cinco alumnos inscritos y un máximo de quince.
Así mismo, señaló que los estudiantes universitarios que dicten clases en los CREP recibirán créditos académicos para su graduación y que los alumnos inscritos tienen la obligación de asistir a clases, mientras que los profesores tendrán los medios necesarios para evaluar el rendimiento escolar. En caso de que un alumno no asista a más del 20% de las clases sin razón justificada pierde el curso de refuerzo.
La asambleísta dijo que este refuerzo educativo es necesario, considerando que los resultados de las evaluaciones que realizó el Ministerio de Educación constituyen un sistema de alerta a todos los ecuatorianos, pues arrojan cifras desfavorables para el sistema educativo. Por ello deben existir continuas mejoras en la educación, que es el principio inspirador del conjunto de reformas emprendidas; invertir en educación es invertir para Ecuador en un futuro a largo plazo, enfatizó.
La iniciativa tuvo la acogida por parte de los seis asambleístas presentes, y de la representante del Ministerio de Educación, Patricia Astudillo quien actuó en calidad de observadora conjuntamente con el vicepresidente de la UNE, Francisco Rojas, quien manifestó que esa organización había preparado una propuesta similar.
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