Durante la IV sesión del Seminario organizado por la Asamblea Nacional del Ecuador y la Unión Interparlamentaria, que se desarrolla en Cuenca, se conocieron las realidades y experiencias de Argentina, Colombia y México respecto de los casos de violencia y las normas legales con que cuentan para enfrentar esta temática.
La senadora argentina Roxana Itatí Latorre indicó que si bien tenían normas legales para la niñez y de beneficio jubilatorio, la más transcendental fue la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en los ámbitos en que desarrolle sus relaciones interpersonales.
Este cuerpo definió a la violencia física, sicológica, sexual, económica y patrimonial, además de fijar los delitos con absoluta descripción metodológica de la violencia doméstica, institucional, laboral, libertad reproductiva y auténtica.
La colombiana Gloria Ramírez, en cambio, señaló que las mujeres de su país están atentas y preocupadas frente al deterioro de las relaciones diplomáticas Ecuador - Colombia, por lo tanto, realizan intensos esfuerzos para que impere el diálogo, no la confrontación.
En el tema de debate, refirió que cada cinco días muere una mujer en manos de su pareja, el 90% de la violencia conyugal recae sobre las mujeres.
Reveló que en el 2008, medicina legal reconoció 88 628 casos por violencia intrafamiliar, que el 85% de mujeres víctimas de agresión por parte del esposo o compañero se quejaba de secuelas físicas y sicológicas, tras ponderar que la lucha femenina, a pesar del escaso número de parlamentarias y de ciertos obstáculos, logró la concreción de la Ley 1 257, por el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia.
De su parte, la senadora mexicana Norma Esparza precisó que el desafió es lograr una generación más sana, puesto que la mitad de la población sigue en una sociedad violentada y ello no garantiza ninguna forma de seguridad.
Mencionó que México cuenta con la Ley de Acceso General a una Vida Libre de Violencia, que constituye una normativa de avanzada, pero falta el compromiso de todos para afianzar el cumplimiento cabal de la misma, generando ciudadanía y desarrollo, estándares internacionales que posibiliten el pleno respeto a los derechos humanos.
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