A las 9:30 se reinstaló la sesión 257 del Pleno, con la presencia de 106 legisladores y de algunos grupos de mujeres que acudieron a la sede de la Asamblea Nacional para seguir de cerca el debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal.En la tercera jornada de trabajo, los parlamentarios centraron su debate en temas relacionados con los delitos de testaferrismo, peculado, daño al ecosistema, concusión, enriquecimiento ilícito, sicariato, la mala práctica médica y el aborto.
El asambleísta Armando Aguilar sugirió que no sea punible el almacenamiento y transporte de productos derivados de hidrocarburos incluido el gas licuado de petróleo o biocombustibles, cuya cantidad sea menor o igual a veinte galones; o menor o igual a sesenta kilogramos de gas licuado de petróleo; que se presuma van a ser utilizados para la solución de las necesidades de los campesinos, agricultores e indígenas de los sectores fronterizos.
Con relación al peculado pidió que se sancione con pena privativa de libertad de 10 a 13 años; la concusión con pena privativa de libertad de uno a tres años; en cuanto al testaferrismo que se incremente entre siete a 10 años y multa de 100 a 300 salarios básicos unificados del trabajador en general.
De su lado, el legislador Ramiro Vela al manifestar su acuerdo con la necesidad de endurecer las penas en los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, subrayó que el peculado debe ser sancionado con una multa equivalente al doble del beneficio económico obtenido, por cuanto, si bien se los priva de la libertad por un determinado tiempo luego se van a disfrutar con su familia de la plata que asaltaron a la ciudadanía. Pidió que el testaferrismo sea considerado como no punible.
Por su parte el asambleísta Raúl Auqilla al señalar que la forma de convivir cambia minuto a minuto y por ello es un acierto aprobar el Código Orgánico Integral Penal que busca establecer una justicia oportuna para el pueblo ecuatoriano. Si bien este instrumento tiene varios aciertos también existen algunos aspectos que deben ser mejorados tomando en cuenta que la justicia no debe ser analizada ni practicada desde las semiologías, porque la justicia tiene que ser equitativa. Resaltó las sanciones que se establecen con relación a los delitos contra los ecosistemas. Dijo que es necesario castigar la negligencia y el dolo pero para ello se requiere ser exactos a la hora de cuestionar la mala práctica profesional y no dejar a la subjetividad la calificación de la mala práctica médica.
Franco Romero expresó que no se debe aprobar el proyecto tal cual está concebido, ni que exista presión de organismos internacionales, mientras que la legisladora Marllely Vásconez al defender el contenido del Código Orgánico Integral Penal porque permitirá combatir, con mejores herramientas, la inseguridad, la delincuencia, el sicariato, entre otros delitos, pidió a la Comisión de Justicia clarifique el contenido del artículo 31 referente a las causas de exclusión de la antijuridicidad. Defendió el derecho a la vida que está por sobre todas las cosas.
Óscar Ledesma manifestó que urge combatir la corrupción en el sector público, a la vez que compartió la necesidad de endurecer las penas para sancionar el peculado, el enriquecimiento ilícito, cohecho. Dijo estar en contra de las prácticas del contrabando de combustible, pero sin afectar a la población indígena y rural.
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