La Asamblea Nacional, luego de conocer el informe para segundo debate del proyecto de Código Integral Penal, escuchó a Jorge Calderón, de la Federación de Taxis del Ecuador (Fedotaxis), así como también a Margarita Carranco del Movimiento de Mujeres y Mildred Yépez, de la Red Nacional de los Centros de Atención Integral y Casas de Acogida, Víctimas de Violencia hacia las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes.
De su lado, Margarita Carranco, del Movimiento de Mujeres, pidió que en el tema violencia intrafamiliar se incluya violencia contra la mujer, pues es necesaria la visibilización del sujeto mujer; se debe tomar en cuenta la reforma a la Ley 103 relativo a la protección a las víctimas de violencia. Aseguró que existe ausencia de procedimiento expedito para los casos de delito sexual y violencia intrafamiliar sin el cual no podrá cumplir las obligaciones constitucionales de sanción a los responsables de la violencia de género y restitución de derecho de las víctimas; en delitos penales pidió que los jueces sean los que estén obligados a dar las medidas de protección, a la vez que solicitó que la violencia sexual sea incorporada; y, en el tema de trata de personas se sancione al cliente.
Mientras que Mildred Yépez, de la Red Nacional de los Centros de Atención Integral y Casos de Acogida, Víctimas de Violencia hacia las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, al expresar que mensualmente tienen un aproximado de 80 a 120 casos por violencia física y psicológica propuso que a más de la violencia intrafamiliar se incluya la violencia a la mujer; se tome en cuenta la violencia patrimonial que muchas veces es invisibilizada, pues la no tipificación no quiere decir que no exista este delito.
Expresó que no está de acuerdo con la eliminación de la irrelevancia del consentimiento en caso de abuso sexual. Si se aprueba dentro de las disposiciones comunes del artículo 175, numeral 5 la irrelevancia del consentimiento solo en víctimas de 14 años, atentaría contra el principio de interés superior del niño, niña y adolescente, estipulado en el artículo 44 de la Constitución y se atentaría contra sus derechos de protección establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia y los Convenios internacionales, concluyó.
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