En la jornada vespertina del Pleno los legisladores formularon varias observaciones al Código Integral Penal orientadas a mejorar este instrumento jurídico; a la vez que coincidieron en que se debe adecuar la normativa que data de hace 70 años con los preceptos constitucionales y la realidad del país, a fin de garantizar la seguridad ciudadana y la agilidad en la justicia.
Pasadas las 19:30, Rosana Alvarado, presidenta encargada, suspendió la sesión 257 para reinstalarla mañana, viernes 11 de octubre, a las 09:00.
En el debate, la asambleísta Ximena Peña al manifestar que la norma penal debe dar respuesta a las realidades sociales de igualdad ante la ley, señaló que en el artículo 63 del Código vulnera los derechos de los migrantes y se criminaliza la condición de movilidad humana por lo que pidió revisar el articulado que se refiere a la expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano para personas extranjeras.
Marisol Peñafiel señaló que se debe revisar la dosimetría penal que permita que los delitos sean sancionados por su gravedad. Al referirse al artículo 163 sobre la utilización de personas para exhibición pública, con fines de naturaleza sexual y los delitos de la violación de la integridad física y sexual como la humillación el abuso sexual de niñas, niños y adultas que es sancionado con cinco a 7 años privación de la libertad, pidió hacer una revisión de la pena para cumplir con lo que determina la Constitución. No podemos retroceder en el tema del aborto por violación tomando en cuenta que se ha llevado una lucha por varios años.
De su lado, la legisladora Rosa Elvira Muñoz sostuvo que el incremento de delitos responde al mandato de la consulta popular de 2011 a la vez que solicitó incluir un plazo para que se regule la situación de transportistas comunitarios; mientras que el parlamentario José Ricardo Moncayo hizo reparos al artículo sobre la mala práctica médica y advirtió los problemas que se puede causar a los pequeños empresarios, emprendedores por la no afiliación al IESS.
Por su parte la legisladora Rocío Valarezo, tras señalar que urge aprobar el proyecto de Código Integral Penal, propuso un articulado que señale que la persona que por cualquier motivo, en contra de la voluntad de la víctima, haciendo uso de la fuerza, privándole de la libertad e impidiéndole el ejercicio de sus garantías fundamentales, constitucionales o legales, la desapareciere forzadamente, será sancionada con pena privativa de libertad de 28 años a 31 años. En cuanto al delito de falsa declaración dijo que la persona que se beneficie indebidamente del abono tributario previsto en la Ley de Abono Tributario, mediante la falsa declaración en cuanto a origen, valor, cantidad entre otros, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
Fausto Cayambe sugirió que se incluya la violencia contra la mujer y está de acuerdo con la sanción a la no afiliación al IESS a los campesinos, trabajadores y a los artesanos. Por su parte Henry Cucalón, dijo que es necesario asegurar la protección de los ciudadanos, destacó la tipificación de nuevos delitos; y, que se debe tratar con mayor dureza delitos como el asesinato, el secuestro y la violación con muerte de la víctima en el cual no debe existir fianza.
Gabriel Rivera comparte que se tipifique como delito la falta de afiliación al IESS. Recordó que el Código se lo ha debatido durante dos años, aclaró que no se quiere criminalizar el trabajo de los médicos. Estamos para velar por la vida de los ecuatorianos, dijo mientras que el parlamentario Hugo Quiroz subrayó que el Código no es para sancionar a los ciudadanos sino los delitos y afirmó que la mujer debe decidir el futuro en caso de violación.
Por su parte Luis Fernando Torres dijo que el Código tiene muchos aspectos positivos que van en la línea de mejorar la seguridad jurídica y regular el poder punitivo del Estado, pero también hay temas que no debían constar como el caso de las modificaciones al artículo 200 del Código Orgánico de la Función Judicial sobre la designación de los conjueces, de la Corte Nacional de Justicia, al tiempo de precisar que está bien que se sancione el pánico financiero, pero no el pánico económico por lo que pidió que se elimine.
Virgilio Hernández indicó que es necesario sancionar a organizaciones y dirigentes deportivos que actúan de forma irresponsable y sobre pasan capacidad de aforo de los escenarios deportivos (venta o cortesías). En las contravenciones de tránsito incluir que si el conductor sobrepasa de 1.2 gramos de alcohol se les aplique multa de 2 salarios básicos unificados y disminución de 10 puntos y suspensión de la licencia por 60 días y establecer una transitoria para el transporte comunitario. Pidió modificar el marco jurídico relativo a la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, teniendo en cuenta la definición “violencia contra las mujeres".
María Augusta Calle al adherirse a los criterios en defensa de la vida de las mujeres y su derecho a decidir sobre su cuerpo, planteó incorporar el concepto de terrorismo global conforme lo dispone la Organización de Naciones Unidas. Llamó a rectificar el error en cuanto a la tipificación del terrorismo dentro del Código. Invocó a revisar la figura de rebelión, sedición, traición a la patria, tráfico de armas y municiones, espionaje, entre otros.
Durante la jornada de este jueves intervinieron 40 asambleístas de distintas tendencias políticas.
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