La necesidad de salvaguardar la autonomía municipal y la eficiencia de los gobiernos para alcanzar el desarrollo económico y social, se debatió en la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del Parlatino, donde senadores y diputados coincidieron en que se deben establecer bases mínimas para lograr la gobernanza efectiva para las autoridades locales, en la medida de que se reconozcan constitucional y legalmente las atribuciones indispensables para ejercer sus funciones de gobierno.
El Senador Ramón Galindo, de México, señaló que en muchos países de la región, la autoridad local sigue siendo un orden de gobierno institucionalmente débil, subordinado políticamente, dependiente y proclive a las tendencias centralizadoras, pues no se ha entendido debidamente la diversidad de las comunidades locales, al tiempo de manifestar que la participación ciudadana es nula o insuficiente en la definición de modelos locales de desarrollo.
Un estado que reconoce a los gobiernos locales como socios y que permite a las funciones públicas sean asumidas por aquellos más cercanos a los ciudadanos, será más fuerte, manifestó al afirmar que las ciudades débiles por lo regular actúan como freno del desarrollo nacional, mientras que una democracia local fuerte pude ser un factor clave para la prosperidad de un país.
Propuso crear un grupo de trabajo para dar forma a una declaratoria latinoamericana de bases mínimas de gobernanza para autoridades locales, cuyo eje conductor se fundamente en tres vertientes: libertad financiera, administrativa y política, mediante la realización de un análisis comparativo de la legislación en materia de régimen local para identificar fortalezas y debilidades de la legislación en cada región.
De su lado, el asambleísta Virgilio Hernández, de Ecuador, resaltó que en nuestro país existe un marco constitucional y legal (Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización), que clarificó las competencias de cada uno de los niveles de gobierno: regional, provincial, cantonal y parroquial tienen autonomía política y capacidad para dictar normas en el ámbito de su competencia, al tiempo de señalar que el ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los gobiernos autónomos descentralizados se rigen por los principios de unidad, solidaridad, coordinación y corresponsabilidad, subsidiaridad, complementariedad, equidad territorial, sustentabilidad del desarrollo; y, la participación ciudadana que es un derecho cuya titularidad y ejercicio corresponde a la ciudadanía.
Es necesario analizar la diversidad de estados que existe en cada uno de los países, precisó el asambleísta Paco Moncayo, de Ecuador.
JLVN/pv
