También decidió "denunciar el claro intento de Chevron de evadir su responsabilidad en los daños ambientales masivos que perpetró entre 1962 y 1992 y, al mismo tiempo, rechazar la pretensión de la transnacional de hacer recaer su responsabilidad en el Estado ecuatoriano".
Adicionalmente, apoyó la Declaración de la Unión de Naciones Suramericanas del pasado 30 de agosto en la cual expresa "la necesidad de que las empresas y grupos transnacionales respeten la legislación nacional y observen los principios y patrones para una conducta responsable y consistente con las políticas públicas adoptadas por los Estados receptores de inversiones".
En los considerandos de la resolución se advierte que "la empresa Texaco es responsable de un inmenso daño ambiental en la Amazonía ecuatoriana, en la que se extrajo petróleo desde 1962 hasta 1992, empresa que fue comprada posteriormente por la Chevron, que, obviamente, es la responsable por todas las actuaciones de la Texaco".
También se recuerda que el daño ambiental fue denunciado por las comunidades de la región, a través del Frente de Defensa de la Amazonía, que acudió a las instancias jurídicas correspondientes.
PV