El asambleísta Bayron Pacheco Ordóñez reiteró el apoyo del Partido Avanza al pedido del Presidente de la República para declarar de interés nacional la explotación de los bloques 31 y 43, ya que se enmarca en lo que dispone el artículo 407 de la Constitución.Reconoció que el tema es duro y difícil, sin embargo, "por responsabilidad con la patria hemos decidido respaldar dicha propuesta más aún cuando es un aspecto estrictamente constitucional".
Inquietudes
Consideramos que los informes de los diferentes ministerios tienen que garantizar que no existan grupos no contactados en las zonas de explotación y los estudios técnicos determinen que el impacto ambiental sea el mínimo, dijo.
Precisó que la Asamblea Nacional, acorde a la norma constitucional, tiene la facultad, no discrecional sino obligatoria, de fiscalizar a las demás funciones del Estado, por tanto, puede vigilar que el impacto sea mínimo y que el momento que se detecten pueblos no contactados se suspendan las operaciones petroleras en el Yasuní
Señaló que parte de los 18 mil millones de dólares que se obtendrían por la explotación se deben orientar a la mitigación de contaminación de ríos del país, a la protección de los parques nacionales, áreas protegidas y, en general, la protección de la biodiversidad y el ecosistema, lo que está consagrado en la Constitución.
La oportunidad es fundamental para, con los dineros de la actividad petrolera, trabajar en superar los índices de pobreza que todavía existen en el Ecuador, en función de mejorar la condición y calidad de vida de los ecuatorianos, subrayó.
Expreso que Avanza no está de acuerdo con la posibilidad de convocar a consulta popular, más allá que esa es una atribución de la Asamblea, en razón que el momento electoral serviría para que sectores radicales, que no defienden la naturaleza o la vida, utilicen el tema con protervos interés particulares y no de la nación.
Argumentó que el Estado mantiene una clara organización en torno a niveles de gobierno, por lo que la Ley 010 determina la asignación de recursos por la extracción petrolera para la Amazonía, al igual que beneficios para la totalidad de municipios, mientras el resto de recursos pasan al presupuesto general.
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