El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de reformas a la Ley de Minería, a la Ley para el Equidad Tributaria en el Ecuador y de Régimen Tributario Interno, mismo que generó un amplio análisis por parte de los asambleístas. En la sesión, en la que intervinieron 30 asambleístas, se defendió la importancia de las reformas en defensa de la naturaleza, la protección de los mineros artesanales, evitar la utilización del mercurio en los procesos mineros; la necesidad de cambio de matriz productiva, la simplificación de trámites administrativos para las concesiones mineras.
El proyecto tiene como propósito fortalecer la gestión y aumentar la responsabilidad ambiental para todos los proyectos mineros que tengan una adecuada planificación, promover la actividad minera, a través de incentivos de carácter tributario y de la simplificación de trámites administrativos, garantizando siempre la utilización de tecnología y estableciendo controles adecuados previos y durante la realización de la actividad minera con el propósito de precautelar el ambiente.
En el debate de este tema, el legislador Antonio Pozo destacó que la propuesta se enmarca en los principios de la Constitución, además que se establece que cualquier actividad extractiva tiene que preservar las áreas protegidas, característica básica que Ecuador mantiene a nivel mundial. También que la propuesta potencia la actividad económica del país y combate la minería ilegal que tanto daño ha hecho al país, además que se garantizará la minería artesanal y se determina que para ejecutar las actividades mineras se requiere de manera obligatoria, actos administrativos motivados y favorables del Ministerio del Ambiente y de la Autoridad Única del Agua, por tanto, se disminuyen los trámites de 11 a 2 entidades públicas para adquirir concesiones de carácter minero.
Juan Carlos Cassinelli, al reconocer el proceso de socialización que realizó la Comisión de Régimen Económico con respecto al proyecto, recordó cómo se ha desarrollado la explotación minera en la historia del país, pues desde la Colonia hasta el 2009, ningún gobierno, como el Rafael Correa había reparado en el tema de impacto ambiental, por ello, el debate del proyecto minero es histórico, en cuanto a su contenido, ya que viabiliza el mandato del pueblo ecuatoriano propuesto en Montecristi. Precisó que el Estado no recibe ni el 30% por explotación minera; y, que la minería ilegal ha destruido 10 mil hectáreas de bosque, contaminando ríos y enfermando a la población.
Lourdes Tibán manifestó que la Constitución es clara en lo que respecta a la consulta prelegislativa, pues existen aspectos que deberían ser consultados a los pueblos y nacionalidades. Comentó que la propuesta carece de legitimidad y no tiene el carácter de urgente en materia económica, por lo que pidió el archivo. Moción que obtuvo tres votos afirmativos, 84 negativos y ocho abstenciones.
Entre tanto, Virgilio Hernández, indicó que el manejo responsable de los recursos naturales permitirá a Ecuador llegar a un nuevo modelo de desarrollo, pero con dignidad y con soberanía nacional, es decir, hacer inversión pero no a cualquier precio, sino con reglas claras y transparentes, con criterio generacional y preservando los intereses de la patria para alcanzar el cambio de la matriz productiva y energética.
De su lado, la legisladora Marisol Peñafiel subrayó que es necesario que el país deje ser dependiente del petróleo y cambie su matriz productiva, pero para ello se necesita de normativas que permitan este objetivo poniendo orden en la actividad minera y a través de este proyecto no solo que se garantizan los derechos de la naturaleza sino también una redistribución de la riqueza, evitando los paraísos fiscales.
El legislador Patricio Donoso señaló no estar de acuerdo con lo que establecen los artículos 3 y 6 de proyecto a través de los cuales se determina otorgar concesiones mineras de manera directa, sin licitación a empresas estatales extranjeras; y que se realicen contratos de prestación de servicios mineros directos con empresas estatales, respectivamente. La propuesta no debió ser enviada con el carácter de urgente tomando en cuenta que este tipo de propuestas deben ser debatidas con el tiempo necesario. Queremos una ley de minería que sea justa con la economía del país, con el ambiente, con las comunidades.
Vethowen Chica afirmó que la reforma es justa con las comunidades y con el ambiente, al recordar que en el tiempo de los neoliberales se pagaba menos de 10 dólares por hectárea explotada. Resaltó ciertos puntos de la reforma como la simplificación de trámite para la concesión minera, la prohibición del uso de mercurio, entre otros aspectos.
Por su parte, Vanesa Fajardo al señalar que las reservas de minerales están en el orden de 200 millones de dólares, propuso que la destrucción de maquinaria se lo haga solamente de manera excepcional, no a criterio del Fiscal.
Luis Fernando Torres dijo que no existe justificación para que el proyecto se lo haya declarado urgente, a la vez que advirtió que a través de la normativa se abren las puertas a la presencia de empresas estatales y privadas multinacionales. Defendió la necesidad de la consulta prelegislativa sobre el proyecto.
La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, indicó que el proyecto es urgente porque se debe luchar contra la pobreza, porque se debe agilitar la inversión en el país con la minería responsable y que con la propuesta no solo que se establecen líneas de crédito para que las empresas mineras tengan acceso a la tecnología, a fin de evitar la utilización del mercurio, sino que se garantiza el cuidado de la naturaleza.
Rocío Valarezo al describir la problemática que afronta la minería artesanal a nivel nacional pidió garantizar el trabajo de este grupo de mineros hasta que el ministerio respectivo regule su accionar. Señaló además que no se puede permitir más de tres concesiones mineras a una misma persona natural o jurídica.
Fausto Cayambe dijo que este proyecto se inscribe en el Plan de Gobierno que el movimiento PAIS puso a consideración el 17 de febrero a los mandantes con los tres objetivos: construir una nueva sociedad, fortalecer la democracia, pero sobre todo, un nuevo modelo de desarrollo con el cambio de la matriz productiva y eso no es simple pero es una necesidad histórica para el país.
La primera Vicepresidenta de la Legislatura, Rosana Alvarado subrayó que el tema relativo al plazo para la recuperación de la inversión, el silencio administrativo, la inclusión de empresas públicas en el proceso de excepción de subasta y los actos administrativos previos, tienen que ser profundizados por la Comisión de Régimen Económico. Dijo que gracias a la Ley Minera que escribió este gobierno el Estado ha recuperado tres veces más en ingresos por regalías en el 2008 y a partir del 2009 con la pequeña minería se recaudó más de 31 millones de dólares y con los ingresos que se percibieron las comunidades han podido recibir en beneficios más de 72 millones en las provincias de Zamora, El Oro, Azuay.
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