En el análisis de este tema existieron dos posiciones respecto del proyecto de Ley derogatoria en materia de casinos y salas de juego. Por un lado, se destacó que con esta propuesta se cumple la voluntad soberana del pueblo expresada en la consulta del 7 de mayo, para que se eliminen los juegos de azar; y, por otro, la necesidad de preguntarse hasta dónde el Estado puede regular las decisiones privadas y que hay que debatir el drama social de las personas que se han quedado en la desocupación.
Al lamentar la situación de modestos trabajadores de casinos donde también hay ciudadanos con discapacidad, dijeron que la indemnización tiene que darse en el 100% a favor del sector laboral de las salas de juego, advirtieron que con el cierre proliferarán sitios de juegos clandestinos.
Consideraron de vital importancia que el Estado busque la reinserción laboral para todo este sector social que ha perdido su puesto de empleo y buscar una vía de solución para amparar a estas personas.
Resaltaron la necesidad de generar fuentes de trabajo para las personas que fueron despedidas de las salas de juego y casinos.
Igualmente, señalaron que el mandato ciudadano del 7 de mayo que pide la eliminación del los juegos de azar que se han constituido en una especie de veneno para la juventud y población ecuatoriana, ya que muchos jóvenes han abandonado las aulas escolares por ir a jugar en casinos y ciertas personas han perdido sus bienes, convirtiéndose en la causa de muchos males, incluso llevándolos al suicidio.
Tenemos que estar a tono con el mandato ciudadano y adecuar las normas existentes a la voluntad de la gente y por tanto es fundamental vigilar que la indemnización responda al derecho laboral, subrayaron.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, al cerrar el debate de este tema, recordó a los asambleístas que tienen tres días para presentar sus observaciones para que la Comisión de Justicia pueda preparar el informe para segundo debate.
JLVN/pv
