Los asambleístas Mauro Andino, Juan Carlos Cassinelli, Richard Calderón y Zobeida Gudiño, presidentes de las comisiones de Justicia, de Desarrollo Económico, de Gobiernos Autónomos y de Derechos Colectivos, respectivamente, defendieron los insumos que presentaron para el informe de la Comisión de Biodiversidad, respecto a la declaratoria de interés nacional de la explotación de los bloques 31 y 43.
Los legisladores aseveraron que la solicitud del Primer Mandatario tiene sustento en la norma constitucional y en los instrumentos internacionales, tras puntualizar que la generación de recursos por concepto de la explotación del crudo permitirá consolidar la lucha contra la pobreza en el país y avanzar en el cambio de la matriz productiva, a fin de garantizar el buen vivir para todos y todas.
Objetivos nacionales
Andino Reinoso destacó que el pedido de declaratoria de interés nacional para una posible explotación en áreas protegidas y zonas declaradas intangibles se somete a la disposición del artículo 407 de la Constitución y el artículo 49 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Dijo que la propuesta gubernamental se basa en el principio de régimen de desarrollo, para avanzar en el buen vivir, que habla de mejorar la calidad de vida y esperanza de los seres humanos, así como aumentar las capacidades y potencialidades de la población, construyendo un sistema económico justo, democrático, productivo y solidario; recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable.
Manifestó que la consulta previa y la consulta prelegislativa no caben ante un pedido de declaratoria de interés nacional, lo que –oportunamente- corroboró la Corte Constitucional. En consecuencia, desde el punto de vista jurídico, la Comisión determinó que el planteamiento del Ejecutivo está apegado estrictamente al marco constitucional, legal y las normas de carácter internacional.
Crecimiento adicional de la economía
Entre tanto, Juan Carlos Cassinelli enfatizó que la Comisión de Desarrollo estableció que no podemos permitirnos esperar largos años para lograr el desarrollo, teniendo los recursos que permitirán lograrlo en menor tiempo; las tasas de crecimiento real de la economía experimentarán un “crecimiento adicional” que en su año pico podría ser de alrededor de 7.1%, en términos reales; que es necesario para el aceleramiento de la economía, la utilización de los recursos del ITT y B31, de la misma manera que se ha hecho hasta la actualidad: invirtiendo socialmente y en sectores estratégicos.
Señaló que con el barril de crudo a USD 70, se obtendrían USD 22.260 millones. Actualmente la economía del país es saludable, sin embargo, se busca avanzar rápidamente en el marco de un desarrollo sustentable que mejore la calidad de vida de la población, agregó.
Lucha contra la pobreza y por la equidad territorial
A su vez, Richard Calderón indicó que la pobreza ha disminuido del 42% al 33%, cuyos datos han sido confirmados por la Comisión Económica para América Latina, Cepal. Sin duda, todavía falta mucho por hacer y en este camino es fundamental las participación de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), en razón de las competencias y responsabilidades que les asigna la propia Constitución.
Mencionó que el 72% en el país tiene acceso al agua potable; poco más del 50% tiene la posibilidad de evacuar adecuadamente sus aguas servidas, a través de sistemas de alcantarillado; muy pocos municipios tienen un tratamiento técnico de desechos sólidos. Hasta 2017 se necesitarían dos mil 300 millones de dólares para que nuestros hogares, poblaciones y territorios accedan al agua potable, para eliminar, de una vez por todas, enfermedades gastrointestinales.
Informó que los GAD recibirían alrededor de tres mil 700 millones de dólares, acorde a un presupuesto de 70 dólares por barril de petróleo, a más de la Ley 010 y otras, que se destinarán para inversión social, con lo que se podría dejar atrás la inequidad territorial y los altos niveles de pobreza existentes en la Amazonía.
Comisión de supervisión
Mientras, Zobeida Gudiño recordó que la Comisión de Derechos Colectivos sugirió que el momento de tener accidentalmente algún avistamiento con los pueblos en aislamiento voluntario en esta área debería, de manera obligatoria, suspender, todo tipo de actividad que se efectúe; aplicación del código de conducta de parte de las empresas públicas y privadas, colindantes con los puntos intangibles, que están dentro de la zona; asignar un porcentaje de los recursos para garantizar la mitigación ambiental en los territorios donde se realizarán las actividades extractivas.
También, la conformación de una comisión técnica que supervise el cumplimiento de protocolos para la explotación limpia, con tecnología amigable con el medio ambiente; y, otra comisión de alto nivel con la participación de sabios ancianos (Yachay) en el sector de afectación, apuntó.
Hoy, es la oportunidad para hacer realidad el pago de la deuda que el Estado, como tal, tiene con la población de la Amazonía, que ha sido víctima de un olvido permanente, dijo, al resaltar la preocupación de Gobierno actual en la atención de las necesidades insatisfechas de la gente.
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