El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, al intervenir en el Pleno desde su curul, explicó que no era pertinente que el Pleno trate el pedido de revocatoria del estado de excepción, por cuanto se requería de una solicitud previa, firmada por 63 asambleístas, razón por la cual los proponentes retiraron su pedido de cambio del orden del día.
Este pronunciamiento lo hizo el Titular de la Legislatura durante la sesión 122 del Pleno, donde, a su vez, recordó que hoy la asambleísta Nivea Vélez pidió que se retire el pedido de cambio del orden del día que había propuesto porque los legisladores estaban de viaje o estaban los suplentes, cuando en realidad el retiro se debió a que constataron que no se cumplía con el requisito establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 46.
El mencionado artículo determina que, luego de la notificación, la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Nacional podrá solicitar al Presidente de la Legislatura, la revocatoria del decreto ejecutivo que declaró el estado de excepción, quien remitirá dicha petición al Pleno, para que en un solo debate y con la mayoría absoluta de sus integrantes, niegue la petición o revoque el decreto ejecutivo. En cualquier caso, el Presidente de la Asamblea Nacional ordenará la publicación de lo resuelto en el Registro Oficial.
Fernando Cordero indicó que al existir una lluvia de prejuicios de lo que significa el estado de excepción, les hacía notar que la Constitución, en su artículo 165, establece claramente que solo en esta condición el Presidente de la República puede utilizar fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a Educación y Salud, en este caso, para atender las necesidades de la Función Judicial.
Por tanto, sin un estado de excepción no se puede movilizar ni un solo dólar, de los 600 millones que necesita el conjunto del sistema de justicia y, por tanto, el Consejo de la Judicatura que es el ente administrador, para desarrollar los cambios estructurales en la justicia del país y es allí donde se justifica el decreto.
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