El asambleísta Pedro de la Cruz, vocal de la Comisión de Soberanía Alimentaria, defendió su accionar respecto al tratamiento del proyecto de Ley de Recursos Hídricos, al rechazar las imputaciones formuladas en su contra por parte del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot.
El legislador indígena exigió al personero municipal asuma directamente la gestión y manejo del agua, tal como lo dispone el artículo 318 de la Constitución y frene, de una vez por todas, el negocio millonario de Interagua, a costa de la población guayaquileña y ecuatoriana.
Rechazamos las actitudes racistas y regionalistas de Nebot y de los grupos de poder. “Yo soy tan guayaquileño como quiteño, imbabureño, cuencano, porque me siento ecuatoriano y es motivo de orgullo la crítica de que defiendo al pueblo y a la mayoría, más aún cuando jamás coincidiremos con socialcristianos y Madera de Guerrero, ya que ellos están a favor de los sectores económicos de siempre”.
Insistió que Nebot debe asumir la gestión del agua, por ser su responsabilidad, y no delegar a una empresa privada para dar los fondos públicos y cobrar de manera privada, con lo cual se están enriqueciendo pocas personas, así como se ha pronunciado el alcalde de Machala por el tema.
Recogió el criterio del concejal Octavio Villacreses de que más del 50% de aguas servidas se arroja al Río Guayas, además que Interagua produce 354 millones 530 mil 521 metros cúbicos; Emaap de Quito 224 millones 375 mil 949; Etapa de Cuenca 39 millones 967 mil 486, de los cuales se factura el 34.6%, el 68.5% y el 69%, respectivamente, lo que demuestra que la pérdida -porcentaje no facturado- es de 65.4%, 31.5% y 31.0%, en su orden, evidenciándose que no es cierta la tan publicitada eficiencia de Interagua, misma que cobra el agua más cara de la nación a sus usuarios.
Respaldo
De su parte, la legisladora Silvia Salgado, titular de la Comisión de Fiscalización, respaldó la lucha frontal de su compañero de bancada, Pedro de la Cruz, al anticipar que los socialistas (6) votarían en contra del texto presentado por Jaime Abril, porque no recoge las inquietudes de los movimientos indígenas y sectores sociales del país.
Dijo que frente a la polarización entre dos sectores, en cuanto a la temática del agua, urge profundizar la búsqueda de consensos, por tanto el Colectivo Socialista espera señales claras desde el Ejecutivo para superar esta innegable conflictividad generada por la poca comprensión de la participación social organizada, dentro del quehacer del Estado y la sociedad.
Este asunto no puede resolverse por la suma de votos; es el momento de un pacto social con los más vulnerables, que garantice los cambios anhelados por el pueblo, por tanto preocupa la campaña mediática del gobierno que, lejos de informar con precisión las diferentes propuestas de las organizaciones, induce a generar una ola de racismo que no aporta a la construcción de una sociedad intercultural, participativa y democrática, enfatizó.
Silvia Salgado manifestó el apoyo a las propuestas de la Fenocin y juntas de regantes en su acción de movilización como expresión de vigilancia de un proceso de cambio y sus alternativas en relación a dos posiciones hegemónicas, para que la Ley de Aguas permita superar el discrimen y exclusión para campesinos e indígenas.
Estaremos atentos para que esta alternativa sea recogida, de lo contrario votaremos en contra del informe, que no toma en cuenta las aspiraciones ciudadanas y no es la expresión de una apertura democrática, concluyó.
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