En sesión vespertina, con la presencia de 103 legisladores, el Pleno de la Asamblea Nacional continuó el segundo debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal. En esta oportunidad pidieron tipificar la desaparición involuntaria, determinar con claridad el prevaricato, el secuestro, la extorsión, las causas de la defraudación.
En este marco, el asambleísta Víctor Mendina al referirse al artículo 262 del proyecto que determina que los jueces o árbitros, miembros de la carrera judicial, jurisdiccional, los árbitros en derecho que fallen contra la ley expresa, en perjuicio de una de las partes, haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda, en la sustanciación de las causas, o conozcan causas en las que patrocinaron a una de las partes como abogados, procuradores serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Pidió se establezca una salvedad en el caso de que justificadamente se fundamenten en normas y principios constitucionales.
Por su parte, la legisladora María Augusta Calle señaló que es necesario tipificar la desaparición involuntaria, acogiendo la propuesta de la Defensoría del Pueblo que plantea que el objetivo es ubicar a la persona desparecida e identificar a los responsables de esta desaparición, lo cual permite que las investigaciones avancen sobre el presunto delito, hasta que se esclarezcan los hechos, para ello es fundamental declarar la imprescriptibilidad de la causa.
Además sugirió que se incluya que los fiscales inicien de oficio y sin dilación las acciones necesarias para la ubicación de las personas desaparecidas de manera inmediata, imparcial y efectiva. En cuanto a la responsabilidad de la investigación planteó que la Policía y los órganos auxiliares especializados implementen de manera inmediata los mecanismos y acciones tendentes a la localización de la persona desparecida.
Miguel Moreta señaló que hay que darle un giro al secuestro particularmente al expres al tiempo de manifestar que el Código tiene que ser una herramienta de seguridad jurídica y ciudadana; mientras que el legislador Carlos Velasco aseguró que en materia de mala práctica profesional se tomaron en cuenta varias visiones, a la vez que reconoció el trabajo que realizó Mauro Andino quien verificó y recogió todas la voces para formular textos alternativos.
El legislador Arcadio Bustos cuestionó la doble sanción para los choferes profesionales. Verónica Arias subrayó que el Estado tiene la obligación de garantizar la honra y reputación de los ciudadanos, acorde con la Constitución y que la injuria calumniosa grave debe ser incorporado en los delitos a la honra dentro del COIP.
El parlamentario Esteban Melo precisó que el código promueve la verdadera transformación de la justicia, a la vez que respaldó que el delito de la desaparición involuntaria de las personas se incluya en el proyecto. Pepe Acacho sostuvo que los riesgos de la aplicación del artículo 246, atinente a delitos contra la flora y fauna contraría el artículo 57, numeral 1 de la Constitución.
La asambleísta Marisol Peñafiel dijo que hay que luchar contra la impunidad. Nunca hemos deslegitimado la lucha de las mujeres en la Asamblea Nacional, más aún la actual que tiene rostro de mujer. Sugirió que en el capítulo de las contravenciones se dé un procedimiento expedito para los casos de violencia contra la mujer y la familia, ya que no es lo mismo el delito que se hace en la calle donde un ciudadano asalta, mata o golpea que el que se comete en la casa donde el propio compañero lo agrede y ultraja.
Ricardo Moncayo objetó la fuerte sanción para los que incumplen la afiliación de un trabajador al IESS.
El presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y ponente del proyecto, Mauro Andino, pidió a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, suspenda el debate hasta recoger las observaciones y presentar el texto final para votación.
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