“Las propuestas formuladas por ustedes, como representantes de las juntas de regantes y de los usuarios de los sistemas de aguas están recogidas en el informe para segundo debate de la Ley de Recursos Hídricos, pues queremos que esta ley dure 20 ó 30 años, porque significa un cambio estructural en lo que tiene que ver con la gestión y administración del agua”, subrayó el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, asambleísta Jaime Abril, frente a miles de campesinos e indígenas que fueron recibidos en las graderías de la entrada principal de la sede Legislativa.Explicó que en forma definitiva, en el Art. 6, se consagra la desprivatización del agua, que hoy está concentrada en pocas manos, por lo que las afirmaciones en el sentido que se permite la privatización no tienen fundamento alguno. La gestión será únicamente pública y comunitaria.
Igualmente se darán por terminadas todas las concesiones de utilización de agua y, en caso de requerir el concurso de la iniciativa privada, la Autoridad Única del Agua podrá otorgar autorizaciones, que tienen otra condición jurídica distinta de las concesiones. Habrá una reasignación del agua, en forma equitativa, añadió.
También se reconoce el orden de prelación del uso del agua, primero para consumo humano; segundo, para riego y abrevadero de animales para asegurar la soberanía alimentaria; tercero, preservación de los caudales ecológicos; y, cuarto, para actividades productivas.
Abril indicó que no es verdad que la Autoridad Única del Agua sea representada por una persona vinculada con el Ejecutivo. Se trata de un sistema estratégico de gestión que está integrado por el Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua; la Secretaría Nacional del Agua; y, la Agencia de Regulación y Control.
Respecto del tema de interagua, el titular de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Jaime Abril, enfatizó que en la Disposición Transitoria Vigésima se establece con claridad que las empresas cantonales de agua potable y alcantarillado y otras creadas por la ley, ajustarán sus actuaciones a las disposiciones de esta ley y a los lineamientos estratégicos y políticas públicas que establezca la Autoridad Única del Agua.
Destacó además la obligación que tendrán los municipios para, en el lapso de cinco años, determinar las acciones para la conversión de las aguas servidas en aguas limpias para riego, así como el compromiso asumido por las empresas envasadoras para la utilización de materiales biodegradables, a fin de combatir la contaminación ambiental, sin que esto incida en el incremento de los costos del agua embotellada que es necesaria, sobre todo en zonas en las cuales aún no se garantiza el acceso de la población al agua potable.
Invitó a todos los sectores sociales para que estén atentos al segundo debate del proyecto de Ley de Recursos Hídricos, que se produciría en 15 días, para que expongan sus puntos de vista. “Las puertas de la Asamblea se mantienen abiertas para escuchar las propuestas de la ciudadanía”, reiteró.
Entre tanto, entre las inquietudes de los dirigentes de las juntas de regantes consta su preocupación porque la ley no tendría claridad en cuanto a las formas efectivas de participación de los representantes de los sistemas de riego y la ciudadanía en las decisiones que adopten las entidades y organismos relacionados con la gestión del agua.
También manifestaron su oposición a que se mantenga la vigencia del contrato con Interagua y el monopolio de las envasadoras de agua, quienes tendrían ingentes ganancias, con pagos irrisorios al Estado por el uso del líquido vital, mientras que se pretendería aplicar nuevos pliegos tarifarios para los sistemas de riego, cuando éstos contribuyen a la soberanía alimentaria.
Anunciaron que se mantendrán vigilantes del proceso de aprobación de esta ley, al interior del Pleno.
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