En el marco del encuentro del Grupo de Mujeres Parlamentarias de las Américas, la investigadora del Instituto de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente –ILANUD, Roxana Arroyo, resaltó que la producción legislativa desde los derechos humanos de las mujeres plantea el reto de la edificación y consolidación de un paradigma de un Estado democrático fundamentado en una legislación que integre el marco ético-jurídico de los derechos humanos de las mujeres.
Señaló que la legislación debe garantizar los derechos humanos con reconocimiento, respeto y promoción, protección y provisión de remedios; que cumpla la debida diligencia que se desprende de los compromisos que, ante la comunidad internacional y frente a la ciudadanía, han adquirido al ratificar las convenciones internacionales.
Además se pronunció por una legislación orientada a la construcción de un nuevo paradigma social, fundamentado en la igualdad que conjugue la igualdad formal con la igualdad sustantiva o real; que vele por generar condiciones materiales para cumplir este objetivo.
Sugirió que en la formulación de normas se incorpore una perspectiva de género, que se consideren los derechos humanos vinculados a las personas concretas; que se reconozca que las personas se encuentran en relaciones desiguales de poder.
Discriminación y violencia, problemas históricos
Resaltó dos problemas históricos que se han convertido en un obstáculo para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres: la discriminación y la violencia que niegan la posibilidad de construir un paradigma social fundamentado en la igualdad, los derechos humanos y la ciudadanía plena de las mujeres.
Por último, expresó que la discriminación y la violencia de género contra las mujeres, se encuentra con instrumentos convencionales y no convencionales que son parte del marco ético-jurídico de los derechos humanos y que se integran al ordenamiento interno.
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