Con 102 votos los asambleístas decidieron cambiar el orden del día con el propósito de analizar los pedidos de levantamiento de la inmunidad parlamentaria del legislador Galo Lara. El pedido lo formuló Leonardo Viteri quien propuso que luego del Himno Nacional se trate en un solo debate las solicitudes de enjuiciamiento presentadas por el presidente de la República, Rafael Correa y por la ministra de Inclusión Social, Ximena Ponce León y luego se vote en ese mismo orden.
El proponente fundamentó su pedido tomando en cuenta que el 10 de diciembre vence el plazo para que la Asamblea Nacional se pronuncie sobre estas solicitudes.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la Constitución, la Corte Nacional de Justicia solicitó a la Asamblea Nacional, la respectiva autorización para iniciar la causa penal propuesta en contra del asambleísta Galo Lara Yépez.
En el primer caso se advierte que en la transmisión en vivo realizada por la cadena televisiva RTU, el jueves 11 de agosto de 2011, a las 17:45, de la sesión 119 de la Asamblea Nacional, en la cual se estaba tratando la elección del primer y segundo vicepresidente de la Función Legislativa; en su intervención el asambleísta por la provincia de los Ríos, Galo Lara, imputa directamente la comisión de actos de corrupción al primer Mandatario, Rafael Correa Delgado.
En cambio, en el segundo caso, el 23 de junio del 2011, aproximadamente a las 07:00, al interior de las instalaciones de Teleamazonas, en el set del programa “La Mañana de 24 Horas”, conducido por Janeth Hinostroza, el parlamentario sostiene que la Ministra de Inclusión Social, Ximena Ponce, ha falsificado documentos.
En el inicio del debate de este tema el asambleísta Virgilio Hernández, presentó una moción con la finalidad de que el Pleno pueda pronunciarse sobre este tema, por tanto, pidió que la resolución que se tome se lo haga con la mayoría absoluta de los integrantes, es decir, al menos 63 votos.
El presidente de la Asamblea Fernando Cordero Cueva, calificó como moción previa el pedido del asambleísta Hernández, amparado en lo que establece el artículo 137 de la Constitución, tomando en cuenta que hasta el momento no existe una normativa que clarifique cómo se debe proceder en estos casos, pues la Ley Orgánica de la Función Legislativa aún no ha sido aprobada.
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