Asambleístas de diversas bancadas legislativas coincidieron en la necesidad de incorporar reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, con el propósito de que esta normativa se aplique adecuadamente, para evitar que las contravenciones queden sin juzgamiento y lograr que las multas sean recaudadas por los organismos pertinentes.
En el debate, el Movimiento PAIS pidió que la Comisión de Desarrollo Económico analice a profundidad la integración del Directorio de la Comisión Nacional de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, porque debe ser un organismo eminentemente técnico y no político; revise el plazo regular de vigencia de las licencias de conducir, tomando en cuenta que 10 años sería excesivo para la acumulación del historial de un ciudadano en este campo, a la vez que propuso que el Ministerio de Gobierno sea parte del Consejo Nacional de Tránsito y de los directorios provinciales. También, que se respete el permiso histórico de funcionamiento para los taxistas, exija los dispositivos mínimos para la transportación escolar, que los buses interprovinciales cuenten con un chofer alterno y que se discuta transparentemente las competencias de los municipios.
El Partido Socialista considera que las propuestas de reformas a este cuerpo legal deben estar enmarcadas en lo que dispone la Constitución, por lo que es necesario establecer el adecuado manejo del archivo y registro de datos públicos de todas las organizaciones reguladas por la Comisión Nacional de Tránsito y definir claramente las competencias de las instituciones que intervienen en materia de control, para viabilizar la plena administración de justicia, con la implementación de los juzgados de contravenciones.
De su lado, Madera de Guerrero señaló que las garantías de los transportistas tienen que ampararse en los parámetros constitucionales y legales. Por tanto, no se puede permitir que por incrementar el parque automotor se violente la ley. En este marco, solicitó que los vehículos informales que no cuenten con el permiso respectivo deben ser retirados de circulación. Reclamó, además, un mayor control en la entrega de licencias y precisar los aspectos del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, de manera que esté orientado a dar un verdadera cobertura al ciudadano.
Para el PSP conviene eliminar el artículo 223 del proyecto, por el cual se establece que el retraso en la renovación anual al SOAT dará lugar al cobro de recargo del 15%, tomando en cuenta que no genera ningún beneficio para la ciudadanía, sino un negociado para las empresas aseguradoras. Igualmente, que no se incorporen más modalidades de transporte.
En cambio, el Partido Conservador planteó la problemática de tránsito y transporte en las zonas de frontera, producto de la inaplicabilidad del sistema de rebaja de puntos para infractores extranjeros, por lo que pidió agregar un literal en el artículo 144 del proyecto, en el sentido que los extranjeros que presten servicios de transporte de personas y bienes e incurran en contravenciones graves de tercera clase en el territorio ecuatoriano, cometida la infracción, los agentes de tránsito conducirán al vehículo a los patios de retención vehicular, pudiendo retirarlo una vez cancelada la multa por parte del contraventor.
Mientras, el Prian expresó la necesidad de constituir un Ministerio de Transporte y Seguridad Vial, para frenar la grave situación de accidentes que se dan a diario en el país.
Entre tanto, el Movimiento Municipalista consideró que se debe incluir como prioridades el movimiento peatonal seguro, reglas claras para los medios de transporte no motorizados, con énfasis en el transporte masivo; incluir normas para la participación ciudadana a través de observatorios, veedurías y rendición de cuentas. Las multas recaudadas por infracciones deberían ir a la Policía, jueces de tránsito, municipios; sin perjuicio de que se creen mecanismos de mediación para la resolución de conflictos en esta materia.
Finalmente, el MPD pidió a la Comisión de Desarrollo regular y normar el funcionamiento de los ferrocarriles en el país, tomando en cuenta que es una forma de transportación de personas y de carga.
JLVN/eg
