Alrededor de 15 asambleístas intervinieron en el Pleno, en torno al informe sobre la denuncia del Convenio de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito entre la República de Ecuador y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, firmado el 10 de mayo de 1994.
En el debate de esta temática, existieron dos posiciones marcadas: la primera, que sugiere la aprobación de la denuncia integral de este tratado bilateral, porque fue firmado con base a un ordenamiento jurídico y constitucional distinto al actualmente en vigencia y, la segunda, que considera necesario renegociar aquellos artículos que contraríen el texto constitucional.
Previamente, el presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, Fernando Bustamante, fundamentó el informe de este organismo en el artículo 422 de la Constitución, el cual establece que el Ecuador no podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas.
Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan la solución de controversias entre estados y ciudadanos en Latinoamérica por instancias arbitrales regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de los países signatarios. No podrán intervenir jueces de los estados que como tales o sus nacionales sean parte de la controversia, dijo.
Por ello, la Comisión no recomendó su renegociación, sino la denuncia, porque se debe entender el nuevo rol de la inversión extranjera, en el contexto del modelo económico previsto en la norma constitucional, al advertir que en el pasado esta clase de tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones partían del supuesto de que una de las partes (en este caso el Ecuador) tenía que darle suficientes garantías para los inversionistas externos, cuando la dinámica actual determina que haya un trato entre iguales, lo cual no se expresa en este tratado.
Mientras, otro grupo de asambleístas propuso la renegociación del Convenio en aquellos artículos que no se ajusten al marco constitucional de la República del Ecuador, porque la terminación de esta clase de tratados podría desalentar la inversión extranjera en el país y, en consecuencia, afectaría al sector productivo. Además, se podrían cerrar importantes fuentes de financiamiento que requiere el país para impulsar el desarrollo social.
Entre tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, luego de tres horas y media de debate, suspendió la sesión, misma que se reinstalará el próximo martes. Justificó su decisión en la solicitud de los presidentes de las comisiones de Educación, de Gobiernos Autónomos y de los Derechos de los Trabajadores, quienes requieren el tiempo necesario para analizar las objeciones parciales del Ejecutivo a los proyectos de Ley de Educación Superior, Código Orgánico de Organización Territorial y de Servicio Público, respectivamente, a fin de emitir hasta este sábado 11 de septiembre una opinión, que no tiene carácter vinculante, para orientar al Pleno en la decisión que pueda tomar al respecto.
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