El Pleno de la Asamblea Nacional, en la sesión 241, con 97 votos, aprobó el Protocolo de Montevideo sobre compromiso con la Democracia en el Mercosur. El objetivo fundamental es establecer medidas que este bloque regional adoptaría en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder, así como la vigencia de los valores y principios democráticos en uno de los Estados parte.
El Protocolo contiene importantes lineamientos que procuran garantizar la plena vigencia de las instituciones democráticas, el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, los cuales, sin duda, son condiciones esenciales para la vigencia y evolución del proceso de integración.
Este instrumento se sustenta en argumentos fundamentales para establecer un marco jurídico vinculante destinado a garantizar la preservación del orden democrático en los países miembros; contiene una innovación muy importante, puesto que señala específicamente cuáles son las disposiciones legales que deberían aplicarse en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, en uno de los Estados parte.
De esta manera, se crean mecanismos de defensa de las naciones democráticas, con sanciones significativas para los Estados que rompan el sistema democrático y otorga a los jefes de Estado la potestad para determinar si existe o no ruptura del orden constitucional.
En el debate se analizaron las experiencias vividas en los países de la región e incluso en nuestro país, hechos que obligan a considerar que es de gran importancia la aprobación de este Protocolo, ya que los estados no deben permitirse ser víctimas de procesos desestabilizantes, de ruptura y caos.
La vicepresidenta de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, María Augusta Calle, ponente del informe, subrayó que los acontecimientos que está viviendo el mundo, en estas última semanas, hacen pensar profundamente sobre la importancia de preservar los derechos humanos en democracia real, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la importancia que tienen para el desarrollo de la sociedad.
Al justificar la aprobación de este instrumento, los parlamentarios consideraron de vital importancia que se respete la democracia y el Estado constituido, ya que existe la clara voluntad de integración regional, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República.
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