La asambleísta María Augusta Calle, al proponer el proyecto de resolución que condena los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, enfatizó que en esa fecha se pretendió alterar el destino democrático de los ecuatorianos, se secuestró al Presidente de la República, se impidió la labor de la Asamblea Nacional y se violó la Constitución.
Semanas anteriores al 30 de septiembre hubo previamente una profusa difusión de pasquines al interior de la Policía Nacional en contra del Gobierno, hubo una desinformación sistemática del pago de retroactivos al personal civil de las Fuerzas Armadas, pero además, desde determinada prensa autodenominada independiente se publicaron algunos titulares como por ejemplo: se anuncia protestas callejeras contra la Ley de Servicio Público, añadió.
Afirmó que una semana antes los dirigentes de la UNE se tomaron las instalaciones del Pleno, al dar a conocer una serie de acciones que se produjeron una semana antes del 30 de septiembre.
La bronca comenzó cuando pretendieron tomarse el poder Ejecutivo. Retiraron la guardia de Carondelet porque pensaron que ahí le podían secuestrar al Presidente de la República, pero no contaron con que el mandatario, el comandante en Jefe de la Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, con la valentía que le caracteriza, fue a hablar con sus subalternos a explicarles lo que él en un momento pensó que era una simple desinformación frente a la Ley de Servicio Público, recalcó.
Una de las acciones más importantes fue desatar el caos generalizado en el país en una acción concertada y esa es la clave de que fue un intento de golpe de Estado, según el reporte del Mundo de España, afirmó María Augusta Calle.
Añadió que desde la Asamblea, Clever Jiménez proponía constituir un solo frente nacional para exigir la salida del presidente Rafael Correa y a su vez anunciaba su estrategia que quería implementar en la tarde del 30 de septiembre, cuando se instale el Pleno y concretar el golpe.
Agregó que en el Palacio Legislativo los asambleístas Pedro de la Cruz, Rosana Alvarado y otros de PAIS, especialmente mujeres, no podían entrar y eran agredidas, mientras que Gilmar Gutiérrez, pretendían tomarse las instalaciones de la Función Legislativa, pero les falló el cálculo, no contaron con el apoyo internacional y la reacción inmediata de UNASUR que respaldó la democracia constituida, al igual que la OEA y países amigos, agregó.
No queremos más impunidad, queremos que el Poder Judicial investigue a los mentalizadores de esa intentona golpista. No queremos que quede en la impunidad la muerte de aquellos que ofrendaron su vida para defender el régimen democrático y la vida del presidente Rafael Correa. Queremos un país en paz, concluyó.
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