Asambleístas de diversas bancadas políticas subrayaron la necesidad de defender los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas, los mismos que deben estar plasmados en la legislación secundaria, a través de una ley orgánica que garantice su pleno ejercicio, tomando como base la Constitución de la República y la Declaración de las Naciones Unidas sobre esta materia.
Con oportunidad del primer debate del proyecto de Ley Orgánica para el Ejercicio y la Aplicación de los Derechos consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas, preparado por la Comisión 12, los asambleístas expusieron diversas opiniones respecto de lo que debe constituir esta ley, tanto desde el punto de vista de la técnica legislativa, cuanto del alcance de sus disposiciones.
En este marco, la bancada de PAIS planteó que el documento regrese a la Comisión de Derechos Colectivos, a fin de que se redacte un texto que desarrolle los principios establecidos en la Constitución, de manera que la ley garantice la vigencia y el respeto a los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades del país, en concordancia con la realidad de este sector social, que ha sido invisibilizado, pisoteado y que ha estado en condiciones de desigualdad frente al resto de la población. Es decir, que se conceptualice una normativa ecuatoriana, desde los factores endógenos, efectivizando sus derechos para que no queden en simples frases declarativas, sino que existan mecanismos de exigibilidad para su cumplimiento, incluyendo a los demás actores sociales fundamentales como son el pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio.
Entre tanto, Pachakutik recordó que la normativa constitucional establece que el Ecuador es un país plurinacional, pluricultural y multiétnico, por lo que la Asamblea tiene la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas al mandato de la Constitución y los tratados internacionales que garantizan la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades.
De su lado, la bancada del Movimiento Popular Democrático confirmó su apoyo a esta iniciativa, en razón de que se hace justicia con los pueblos y nacionalidades que tradicionalmente han sido relegadas, postergadas y fuera de toda normativa legal.
Para Sociedad Patriótica, en cambio, si se quiere asumir esta declaración internacional como una ley ecuatoriana, es necesario que se adecue su redacción al contexto nacional y que, por tanto, contenga disposiciones de carácter universal, general y que en definitiva mande, prohíba o permita, recogiendo los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales de la materia, para que sean viables y no queden como simple concepción retórica, es decir, que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de este sector social.
También, hubo voces en el sentido de que el texto retorne a la Comisión para que sea reestructurado.
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