La falta de prevención y control respecto de las fuentes de contaminación acústica que ha ido aumentando por el desarrollo económico y por las expresiones culturales, provoca una afectación directa y comprobable sobre la salud de los ecuatorianos, dijeron los parlamentarios en el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, por lo que es necesario reformar la ley vigente que data del año 2004 y actualizarla con el marco constitucional.
La segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, explicó que el objetivo fundamental de este cuerpo legal es regular y controlar los altos niveles de acústica que existen en el país y sin embargo en el documento no constan sanciones por contaminación ambiental acústica, a la vez que señaló que es necesario precisar las atribuciones de los gobiernos autónomos descentralizados y la autoridad ambiental nacional.
José Bolívar Castillo expresó que el control del ruido y la contaminación debe ser una competencia del nivel municipal de gobierno; y que si bien la rectoría está a cargo del Ministerio del Ambiente que se encarga de establecer las políticas sectoriales, nacionales, ambientales, pero las competencias de contravenciones debe estar a cargo del comisario municipal.
Entre tanto, la legisladora Betty Carrillo al felicitar a la Comisión porque recogió varias de las sugerencias que se plantearon en el primer debate principalmente en lo relacionado con los gobiernos autónomos descentralizados que deben coordinar con la Autoridad Ambiental Nacional para generar las políticas internas en cada uno de sus territorios, sostuvo que el Ministerio del Ambiente debe generar las políticas sobre el control la contaminación por ruido.
Mientras que César Umaginga afirmó que en varias provincias no existen planes ambientales y reflexionó sobre la necesidad de cuidar el ambiente, las reservas y los páramos.
Marisol Peñafiel recomendó que se establezcan los grados de responsabilidad y las sanciones administrativas por contaminación acústica y ambiental y que el documento luego del debate regrese a la Comisión de Biodiversidad para que recoja las observaciones pertinentes y lo plasme en una normativa integral. “Los derechos de la naturaleza deben estar enfocados en una normativa integral”.
Por su parte, el legislador Rodrigo Collahuazo dijo que las políticas públicas no pueden quedar en papeles, sino ejecutarlas. Opinó que la contaminación acústica se da principalmente en el sector urbano, no en el rural, al tiempo de plantear la planificación efectiva de los GAD en el control del ambiente.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, suspendió el debate, con la finalidad de que la Comisión y la ponente Nancy Morocho puedan recoger las observaciones planteadas en esta sesión y preparar el respectivo informe final.
Archivo de proyectos
En otro orden, acogiendo la recomendación de la Comisión de Desarrollo Económico, el Pleno de la Asamblea Nacional, resolvió con 102 afirmativos, 3 negativos y 19 abstenciones archivar el proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de autoría de la ex asambleísta Saruka Rodríguez, considerando que parte de la propuesta ya forma parte de la normativa vigente.
Se consideró también que la fijación de la pena de trabajo comunitario -que prevé el proyecto- debe incluirse como una reformatoria al Art. 51 del Código Penal a fin de unificar la legislación sobre la aplicación de las sanciones.
Igualmente, con 96 votos afirmativos los parlamentarios decidieron archivar el proyecto de Ley Orgánica de Biodiversidad, porque contraviene disposiciones constitucionales expresas, invade la independencia en la forma de organizarse la Función Ejecutiva, repite disposiciones legales, generando con ello superposición de funciones y competencias.
En el informe se argumenta que la mayoría de las disposiciones que constan en este Proyecto de Ley, ya están plasmadas en la Constitución de la República y en otras leyes, como: Ley de Gestión Ambiental, Ley Forestal, Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, Ley Orgánica de Participación Ciudadana, COOTAD, entre otras.
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