El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, en ejercicio de la Presidencia, Juan Carlos Cassinelli, convocó a los asambleístas a la sesión No. 132 del Pleno, para este jueves, a las 15:00, con la finalidad de tramitar en primer debate el proyecto de Ley Orgánica de Igualdad y Defensa de las Personas con Discapacidad que tiene por objetivo establecer los principios y mecanismos para la plena vigencia y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
El cuerpo legal ampara además de las personas con discapacidad, a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuge, conviviente en unión de hecho o representante legal que tenga bajo su responsabilidad, cuidado y/o dependencia económica a una persona con discapacidad, así como también a las instituciones públicas y las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro que se encarguen de la atención de personas con discapacidad.
Según el proyecto, el único documento habilitante y suficiente que acredite la calificación y registro de la discapacidad sea la cédula de identidad o ciudadanía para acogerse a los beneficios en la ley.
El proyecto, que contiene 134 artículos, cuatro disposiciones generales, 14 transitorias, una derogatoria y una final, incorpora en el marco del Sistema Nacional de Salud, el programa nacional de genética humana que incluye la prevención de discapacidades con estricto apego a los principios y derechos consagrados en la Constitución, así como el seguro de vida o salud; el derecho a la educación; educación para el leguaje; becas, educación superior.
Así mismo, el tema relacionado con las políticas laborales; permiso para tratamiento y rehabilitación; créditos preferentes, préstamos hipotecarios y quirografarios; tarifas preferenciales y exenciones arancelarias; exoneración del pago de derechos de autor; seguridad social; centros de acogida y albergue; procedimiento y sanciones.
La presidenta del organismo legislativo, María Cristina Kronfle, señaló que se requiere de un desarrollo normativo adecuado que permita la aplicación de los preceptos constitucionales vigentes.
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