En la reinstalación de la sesión 196 del Pleno, parlamentarios de distintas bancadas políticas señalaron que se debe defender los intereses del país y su soberanía y demostrar al mundo que estamos unidos y firmes para defender nuestros recursos naturales, sobre todo porque el arbitraje está plagado de nulidad y parcialidad, por ello, respaldaron la propuesta presentada por el legislador Virgilio Hernández.
En este marco, con 88 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional, declaró como política de Estado la acción que impulsa el Estado ecuatoriano en defensa de sus intereses en la controversia con la empresa Occidental y el reclamo de la nulidad del laudo emitido el 5 de octubre por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias e Inversiones (Ciadi), puesto que la caducidad se dictó en estricto cumplimiento tanto de la ley como del contrato expresamente firmado por la OEPC.
Prevé convocar a todas las funciones del Estado y al pueblo ecuatoriano a mantenerse férreamente unidos y movilizados por encima de cualquier interés político o corporativo para afrontar por los medios legítimos y del derecho nacional e internacional se consume esta amenaza a la dignidad y soberanía nacional.
Así mismo, rechazaron el írrito laudo arbitral, por no haber considerado la legislación ecuatoriana y el contrato firmado por la empresa Occidental; así como realizar una permanente acción de seguimiento y acompañamiento por parte de la Asamblea Nacional, a través de la Comisión Especializada de Régimen Económico y Tributario, para mantener una posición soberana en defensa de los intereses del Ecuador.
También decidió urgir a la Corte Constitucional para que emita el dictamen de constitucionalidad que permita a la Asamblea Nacional denunciar el tratado bilateral de inversiones (BTI) bajo el principio constitucional de celeridad de la justicia.
Igualmente, convocar a la condena internacional, en particular a los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe a que realicen sendos pronunciamientos que rechacen este flagrante desconocimiento de la soberanía, no solo de un país, sino del orden político internacional, que además sentaría precedentes nefastos a favor de la actuación irresponsable de las grandes transnacionales y en contra de los derechos de los pueblos y de los Estados de los cuales se extrae recursos naturales.
Por último, resolvió demandar de los medios de comunicación social y de todos los actores públicos y privados consecuencia con los intereses del Estado y de la sociedad para fortalecer nuestra conciencia de dignidad y soberanía nacional que no puede ser atropellada por intereses de una empresa transnacional o poder fáctico mundial.
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