El Pleno Legislativo, con el voto favorable de 89 asambleístas, mediante resolución, exhortó al presidente de la República, Rafael Correa Delgado, que declare el estado de excepción en las provincias fronterizas de Carchi, Sucumbíos, Esmeraldas e Imbabura y a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, con el propósito de intensificar los controles especializados antidelincuenciales, de tenencia y tráfico de armas.
La propuesta formulada por el asambleísta Leandro Cadena obtuvo 89 votos a favor, 3 blancos y 18 abstenciones.
En los considerandos de subraya que -de acuerdo con la normativa constitucional vigente- al Poder Ejecutivo le corresponde disponer los lineamientos y parámetros para que se cumplan las acciones tendientes a controlar y sancionar la tenencia ilícita de armas, así como prevenir el auge delincuencial que se ha incrementado notablemente en las provincias fronterizas.
Así mismo, que es deber de los asambleístas realizar todas las acciones que estén a su alcance para exhortar al Presidente de la República que intensifique los controles de la inseguridad y que los pueblos de las provincias fronterizas, a través de sus representantes en la Asamblea, piden incrementar los esfuerzos de todas las entidades especializadas para que operen con mayor intensidad en el control de la delincuencia.
Durante el debate, asambleístas de diversas tendencias, particularmente los representantes de las provincias de la frontera norte, recordaron que esta región se encuentra a merced de la delincuencia organizada, ya que conforme lo revelan las estadísticas existe un incremento de los diversos tipos de infracciones, cada vez con mayor violencia.
Han recrudecido los crímenes, los asaltos, los secuestros, pero también hay una alta incidencia de nuevas prácticas delictivas como el sicariato, el acribillamiento y ejecución de personas, sin que las autoridades puedan realizar un efectivo control.
Por ello, si bien el estado de excepción no es la solución, constituye al menos un paliativo para disuadir a los delincuentes, sobre todo por los operativos de control de armas, a todo nivel, que contribuye a crear una esperanza en la reducción de la inseguridad.
Otros asambleístas, en cambio, consideraron que los exhortos no deben ir solo al Ejecutivo, sino también a los órganos de la Función Judicial, incluida la Fiscalía, a quienes les corresponde la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos, de conformidad con lo previsto en la Constitución y la ley.
EG
