La Asamblea Nacional inició el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social, que entre otros aspectos, busca revalorizar las pensiones de jubilación. El debate tiene como base el informe preparado por la Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, presidida por Nivea Vélez, que analizó las propuestas presentadas por 13 asambleístas.
La sesión es presenciada por cientos de jubilados que se hallan en la barra alta del salón del Pleno. También se encuentran los directivos del Consejo Directivo del IESS
El proyecto modifica el artículo 234 de la Ley de Seguridad Social, según el cual la inflación es el único factor que se toma en cuenta para determinar el aumento de las pensiones de jubilación, lo que ha hecho que cada año los jubilados reciban apenas 10 dólares de aumento en sus ingresos, causando la desvalorización del aporte entregado por miles de compatriotas que a lo largo de más de 30 años dieron sus mejores esfuerzos para la construcción y el fortalecimiento de nuestra patria, afirmó Nivea Vélez.
Añadió que ante esa situación es urgente la reforma que permita una jubilación más digna, que en el caso de los jubilados debería tener como fuente de financiamiento las inversiones realizadas por el IESS.
Enfatizó que el proyecto permitirá materializar y llevar a la práctica las acciones afirmativas que tiene obligación el Estado de realizar, para garantizar el derecho que tienen las personas consideradas en estado de desigualdad y equiparar sus condiciones para el pleno y eficaz ejercicio de sus derechos.
Según el proyecto, las pensiones de invalidez, vejez, incapacidad permanente total o absoluta, de riesgos de trabajo y las de montepío se valorizarán en forma automática por el Consejo Directivo del IESS desde el 1 de enero de cada año, con la finalidad de compensar el deterioro del poder adquisitivo de dichas rentas.
Esta revalorización, según la propuesta, será financiada con el 50% de los intereses del capital invertido del fondo de pensiones, correspondiente al 60% del aporte de fondos del IESS; el 40 por ciento restante deberá ser financiado por el gobierno central en forma oportuna, regular y suficiente. La falta de transferencia de los recursos será sancionada con la destitución de la autoridad y de los servidores públicos remisos de su obligación.
En el informe se destaca que la comisión para el estudio del proyecto se reunió en varias ocasiones con dirigentes de la Confederación Nacional y Federación de Pichincha de Jubilados, Asociación “Batalla de Tarqui”, Confederación Nacional de Servidores Públicos, Asociación de Municipalidades del Ecuador.
