Con la asistencia de un grupo de compatriotas retornados, familiares y amigos de los migrantes, el Pleno de la Asamblea Nacional, inició el primer debate del proyecto de Ley de Protección e Igualdad de Derechos de los Ecuatorianos Residentes en el Exterior y sus Familias, mismo que busca aportar con soluciones a la situación que atraviesan los compatriotas residentes en el exterior.
El vicepresidente de la Comisión de Participación Ciudadana, ponente y autor del proyecto, Washington Cruz señaló que la normativa ampara, protege y beneficia a los ecuatorianos residentes en el exterior sin importar su estatus migratorio; a sus familias en el territorio nacional, comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad que justifiquen su relación de dependencia con la o el ecuatoriano que reside en el exterior, como también a los ecuatorianos retornados voluntariamente o de manera forzada. La rectoría estará a cargo de la Cancillería en coordinación con la Secretaría Nacional del Migrante.
Expresó que es necesario contar con una normativa que garantice los derechos de los compatriotas en el exterior, así como de sus familias residentes en nuestro país, que se han constituido en generador de recursos que sustentan significativamente la economía nacional.
Señaló que el Estado ecuatoriano ha creado programas de asistencia, protección y retorno para nuestros compatriotas residentes en el exterior, pero el ordenamiento jurídico vigente, carece de una ley de exclusivo interés que regule los derechos de las personas migrantes.
La propuesta contiene 24 artículos, contempla la situación de los migrantes y sus familias, la de los retornados y las posibilidades que tienen de iniciar nuevos emprendimientos para garantizar un mejor nivel de vida, así como la defensa de sus derechos en los países de residencia, con la asistencia permanente del Estado, dijo.
En el análisis de este tema, los parlamentarios recibieron en comisión general a la señora Patricia Jaramillo, representante de los migrantes. Expuso el caso de su hija Karina Chávez, quien a los 17 años de edad fue a Europa, con el sueño de todos los migrantes de buscar mejores días.
Luego de aprender el idioma encontró trabajo en los correos públicos y en el desarrollo de sus funciones por fallas del lente sensor de movimiento, su mano derecha quedó atrapada, lo cual ocasionó la pérdida de la misma y provocó su discapacidad. Se le ha negado el seguro de desempleo al cual tiene derecho, la aseguradora de invalidez hasta ahora no da un resultado definitivo luego de haber transcurrido cinco años.
Además, dijo que su situación física y psicológica ha sido afectada, no tiene trabajo por tanto no cuenta con los recursos para vivir dignamente, lo cual le ha sumergido en una depresión al punto de llevarla al borde del suicidio, por lo que pidió a los asambleístas ayudar a que su hija no se quede en la indefensión y sea indemnizada.
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