Con la asistencia de 112 asambleístas, el Pleno de la Asamblea Nacional inició el segundo debate del proyecto de resolución para declarar de interés nacional la explotación responsable de los bloques 31 y 43, basado en la petición de la Presidencia de la República, realizada de conformidad con el artículo 407 de la Constitución y en los informes y alcances entregados por los ministerios involucrados en esta materia.
Igualmente, la Comisión de Biodiversidad recibió a 42 participantes para recoger sus propuestas, criterios y observaciones que fueron recogidos en el informe que preparó este organismo y que fue analizado en el Pleno de la Asamblea Nacional donde los parlamentarios presentaron observaciones y algunas de ellas fueron incluidas en el documento que hoy se debate.
En el documento se señala que durante décadas, las leyes y las políticas públicas del Estado ecuatoriano estuvieron, en lo esencial, sujetas a los intereses de las empresas petroleras transnacionales. En este período de debilidad institucional, la preocupación por los daños ambientales y por la protección de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, en particular, los de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, estuvo subordinada a los intereses de las empresas extranjeras que entraban a realizar la explotación en el territorio amazónico.
Esta situación ha dado un vuelco radical en el Ecuador y hoy existe una política soberana y garantista; una regulación estricta de la explotación de nuestros recursos naturales, transversal en la Constitución, que determina que los recursos naturales son de prioridad del Estado.
Entre otros aspectos, el proyecto establece que se declara de interés nacional la explotación de los bloques 31 y 43, en una extensión no mayor al uno por mil de la superficie del Parque Nacional Yasuní, con el propósito de cumplir los deberes primordiales del Estado; garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza, para alcanzar el Buen Vivir o Sumak Kawsay.
También se determina que en el proceso de la actividad extractiva de los bloques 31 y 43 el Ejecutivo deberá instaurar un sistema de monitoreo integral de las actividades extractivas autorizadas en los bloques 31 y 43 para precautelar los derechos de las personas, de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, especialmente los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario; los derechos de la naturaleza y la conservación y uso sustentable de la biodiversidad.
Así mismo, se excluye de la declaratoria de interés nacional, la realización de actividades extractivas en la zona intangible Tagaeri-Taromenane, delimitada mediante decreto ejecutivo No. 2187, por tanto, en cumplimiento de los principios de aplicación de los derechos garantizados en la Constitución, la Función Ejecutiva, en el caso de avistamiento de personas de pueblos en aislamiento voluntario, suspenderá las actividades hasta la aplicación de las políticas, protocolos y códigos de conducta que precautelen los derechos a la vida y la autodeterminación de los pueblos.
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