El presidente de la Comisión de Justicia y ponente del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Mauro Andino Reinoso, subrayó que el documento sustituye al vigente Art. 30, con el propósito de establecer con claridad las fuentes de financiamiento de las actividades que cumple este organismo estatal, con base en las asignaciones constantes en el Presupuesto General del Estado; los ingresos previstos en otras disposiciones legales; los recursos de autogestión; y, otros, por cuanto en la actualidad percibe rentas de preasignaciones que están prohibidas por mandato constitucional.
Indicó que la Constitución establece que la Contraloría es un órgano técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales; y, la consecución de los objetivos de las instancias del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos.
Por tanto, el Art. 30 dirá: “La pro forma del presupuesto anual de la Contraloría General del Estado se remitirá oportunamente al Ministerio de Finanzas para su ulterior aprobación por la Asamblea Nacional, conforme lo ordenado en los artículos 292 y 295 de la Constitución y que el presupuesto de la institución se financiará con las asignaciones que constan en el Presupuesto General del Estado; los ingresos previstos en otras disposiciones legales; y, los recursos de autogestión; y, otros”.
Dijo que el artículo 99 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, señala que los recursos que por cualquier concepto obtengan, recauden o reciban las entidades y organismos que conforman el Presupuesto General del Estado son recursos públicos, por lo que su uso no podrá ser determinado directamente por aquellas entidades, los mismos que tendrán una reglamentación específica.
En virtud de lo expuesto las aportaciones del cinco por mil que deben efectuar a favor de la Contraloría las instituciones señaladas en la letra a) del artículo 30 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado constituyen en esencia una preasignación presupuestaria contraria al orden constitucional, explicó, al anotar que para elaborar el informe se consideraron las iniciativas del Ejecutivo, del asambleísta Vethowen Chica, así como del legislador Paco Fierro.
Aseguró que la reforma se sustenta en los artículos 84 y 298 de la Constitución que consagra la garantía constitucional normativa que ordena adecuar toda norma jurídica a los mandatos constitucionales, caso contrario éstas carecen de eficacia jurídica y prohíbe otras preasignaciones presupuestarias distintas a los gobiernos autónomos descentralizados, a los sectores salud, educación, educación superior y a la investigación, ciencia tecnología e investigación.
Bajo estas consideraciones, subrayó que la propuesta elimina del artículo 30 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado la disposición que permite que el presupuesto de la Contraloría se financie entre otros rubros con la transferencia del 5 por mil de los ingresos presupuestados.
Indicó que la reforma al artículo 39 de la Ley de la Contraloría presentado por el parlamentario Paco Fierro si bien llegó cuando la comisión ya presentó el informe para primer debate, por tratarse de un tema que tiene relación con el proyecto, la Comisión de Justicia consideró adecuado, por economía procesal, que la misma sirva como insumo para incorporarlo, luego de que lo calificó el Consejo de Administración Legislativa.
En el debate de este tema, el asambleísta Paco Fierro explicó que la propuesta busca sancionar los robos de cuello blanco y promueve una indagación más efectiva de la Fiscalía, por tanto, permite que los jueces emitan medidas cautelares contra aquellos que cometen atracos.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, al cerrar el debate pidió a los legisladores enviar sus observaciones para que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado prepare el informe para segundo debate.
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