El presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, asambleísta Miguel Carvajal, compartió con campesinos, organizaciones sociales, indígenas y colectivos sociales el contenido y beneficios del proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales y detalles de los temas sustantivos que constan en la consulta prelegislativa.
En el evento, que se desarrolló en el Auditorio del Gobierno Zonal 6, participaron representantes de la Comunidad de Monjas, Asociación 24 de Enero de Zhidmad, Asociación de Agricultores Familiares Agroecológicos de Nero, Grupo de San Miguel de Sayausi, Consejo Campesino Sectorial y técnicos del Magag. Estuvo presente, además, la asambleísta Liliana Guzmán
Miguel Carvajal sostuvo que la normativa, en cumplimiento de la norma constitucional, prohíbe la concentración de la tierra y regula el latifundio; garantiza que el predio cumpla, de forma práctica, efectiva y eficiente, una función social, lo que implica un aprovechamiento productivo y productividad sustentable.
Además que la tierra cumpla la función ambiental, mediante el uso de prácticas responsables y amigables con la naturaleza, que permita la conservación de la biodiversidad, las cuencas hidrográficas y los ecosistemas frágiles.
Precisó que no se afectará, ni toparán territorios de pueblos indígenas, de las comunidades y de los pueblos afroecuatoriano y montubio. Se excluyen de una afectación los predios cuya superficie sea inferior a 25 hectáreas en la Sierra y 75 hectáreas en la Costa, Amazonía y las tierras comunitarias, agregó.
Considerando que la soberanía alimentaria es un objetivo estratégico para el Estado, la propuesta establece claras regulaciones a las propiedades de extranjeros en el país, más aún en la zona de frontera. La ley no contempla ninguna posibilidad de confiscar tierras, aseveró.
Expuso que el proyecto determina plazos exactos para darle celeridad a la legalización y titularización de tierras, al igual que la resolución de conflictos; hay entre ocho y 10 mil demandas y muchas de ellas abandonadas por 10 años, entonces, si no se reactivan pueden quedar sin efecto, subrayó.
También mencionó que se promueve la agricultura familiar con la implementación de programas de riego, facilidades de crédito productivo, apoyo técnico, pues se trata, en todo momento, de proteger y apoyar decididamente el desarrollo del pequeño y mediano productor, así como reivindicar el trabajo y rol de la mujer en el campo.
Inquietudes de la gente
Ángel Lema, de la Comuna San Luis, comentó que los campesinos están preocupados por definir zonas reservadas en las montañas y páramos, evitando el fraccionamiento de tierras y la actividad agrícola, pero que no tienen 40 mil dólares para pagar el diseño de un plan de manejo ambiental.
María Marquina, del Consejo Ciudadano Sectorial Campesino del Azuay, solicitó la legalización masiva de territorios rurales y rústicos en beneficio de pequeños y medianos productores y que se haga realidad la compra de predios para personas que no disponen de estos, a fin de que se los oriente a proyectos productivos.
Lester Ching, de la Comunidad Jima, expresó que por más de 50 años están en posesión de las tierras del sector e incluso alcanzaron la personería jurídica hace 30 años, pero nadie les ayuda a concretar las escrituras a favor de los comuneros.
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