El Pleno de la Asamblea, en la sesión 15, debatió por más de 13 horas el proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, con la participación de más de 70 asambleístas de diversas bancadas, quienes expusieron sus observaciones.
También representantes de los rectores, estudiantes, trabajadores y empleados universitarios presentaron sus puntos de vista en torno a este cuerpo legal, en cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución que determina la participación de los actores involucrados en la construcción de los cuerpos legales.
El proyecto tiene por objetivo garantizar el derecho a la educación superior de excelencia de los ciudadanos, así como a definir sus principios, regular el funcionamiento del sistema, de sus instituciones públicas y particulares.
En esta oportunidad, el asambleísta Edwin Vaca planteó la necesidad de incluir una transitoria en la Ley Orgánica de Educación Superior, sobre el informe del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA), presentado a la Asamblea Nacional.
El representante de la provincia del Carchi, cuestionó el informe de este Consejo porque incluyó a la Universidad Estatal del Carchi en la lista de instituciones con categoría E, sin considerar que este centro de educación superior recién tiene tres años de existencia y se encuentra en proceso de institucionalización.
Ángel Vilema señaló que la ley tiene que superar la limitación académica y respetar los derechos de los sectores del área universitaria. El asambleísta discrepó con la posibilidad de crear la universidad de las Fuerzas Armadas, argumentando que la misión de la institución militar es proteger la seguridad, conforme lo dispone la Constitución. Indicó que los rectores se han mantenido por años en sus cargos, sin presentar iniciativas para el cambio.
Juan Carlos López lamentó que en la medición que se hace a nivel latinoamericano la primera universidad ecuatoriana aparece en el puesto 200, por lo que es necesario ser objetivos y tratar a la educación superior como una política de Estado e independiente de los partidos políticos.
La asambleísta Zobeida Gudiño indicó que el proyecto de ley recoge las aspiraciones de la estudiante universitaria de contar con una guardería en beneficio de las mujeres, así como con becas, pasantías remuneradas y cogobierno.
Precisó que a pretexto de la autonomía, las universidades no quieren rendir cuentas, pero es necesario que se transparente el uso de los fondos públicos. Queremos una universidad con alto nivel académico y visión humana y social, dijo.
De su lado, Andrés Páez señaló que el telón de fondo es el control a las instituciones de educación superior. Pidió a los asambleístas no generalizar los cuestionamientos a todas las universidades.
Hay que madurar y fortalecer las mejores tesis para señalar el rumbo del Ecuador, porque las universidades tienen que constituirse en la antorcha del desarrollo del país. La autonomía significa la libertad pero con sentido de responsabilidad. Las autoridades que tanto hablan de la autonomía no hicieron nada por mejorar la educación, manifestó Hólger Chávez.
Mientras tanto, José Manuel Portugal señaló que la ley es importante porque pone los cimientos para un Ecuador de futuro y “los estudiantes, trabajadores o rectores no podemos claudicar en este propósito”.
El asambleísta Eduardo Sánchez resaltó que el proyecto es uno de los mejores que se ha hecho en los últimos años, al tiempo que advirtió que el Fopedeupo ha sido utilizado como una caja chica de las universidades públicas.
Mientras tanto, Paco Velasco, presentó estadísticas y cifras que demuestran que la población accedió en mínimos porcentajes a la universidad y que a pretexto de la autonomía se han registrado espacios cerrados de rendición de cuentas. “Los rectores se han mantenido entre 15 y 20 años en estos cargos sin presentar propuestas de mejoramiento para una educación de calidad”.
Gerónimo Yantalema propuso la inclusión de un capítulo sobre las realidades de los pueblos y nacionalidades en pro del cambio estructural. Resaltó la importancia de la sabiduría y sus saberes y que la gratuidad debe ser corresponsabilidad de estudiantes, profesores y del Estado.
Dora Aguirre planteó la necesidad de garantizar el acceso a la educación superior de los ecuatorianos residentes en el exterior y, por tanto, se tome en cuenta el domicilio, residencia e identidad migratoria y que se exprese con detalle las modalidades de estudio.
Armando Aguilar sostuvo que es necesario construir una ley orgánica articulada a los sistemas de educación inicial, básica y superior, porque tiene que ser el motor del desarrollo del país. La autonomía ha servido para el libertinaje, la irresponsabilidad y el fraude, dijo.
César Montúfar señaló que es importante considerar los planteamientos de los representantes de la universidad ecuatoriana. “Es un equívoco confundir los vicios y problemas de la autonomía con el corporativismo”.
Las observaciones de los diferentes sectores involucrados en la temática y de los asambleístas serán analizadas y sistematizadas por la Comisión Permanente de Educación, Ciencia y Tecnología, a fin de preparar el informe para segundo debate.
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