Luego de cinco meses de intenso trabajo, la Comisión de Gobiernos Autónomos aprobó por unanimidad de los presentes (10) el informe para segundo debate del proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que tiene como objetivo viabilizar la descentralización y autonomía, así como un nuevo modelo de transferencia con base en una equidad territorial. El proyecto contiene 632 artículos, seis disposiciones generales, 33 transitorias, dos reformatorias y derogatorias y una final.En la reunión de trabajo, que duró aproximadamente dos horas, los asambleístas aprobaron título por título, tomando en cuenta que cada artículo fue analizado y discutido ampliamente con todos los sectores involucrados.
El presidente del organismo legislativo, Virgilio Hernández, indicó que con este Código se da un paso decisivo para cumplir la disposición constitucional de alcanzar un país unitario pero descentralizado, por tanto, se viabiliza la conformación de regiones con gobiernos autónomos fortalecidos, que puedan trabajar en función de los intereses y necesidades de la población.
La propuesta garantiza los regímenes especiales y lo que tiene que ver con distritos metropolitanos, circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias. Igualmente para la provincia de Galápagos, a pesar de tener una ley especial, se determinan algunas consideraciones para que el Consejo de Gobierno pueda funcionar y desarrollar sus actividades.
Indicó que uno de los títulos significativos e importantes en este cuerpo legal es el relacionado con la descentralización y el sistema nacional de competencias que permite avanzar hacia un modelo de fortalecimiento institucional en cada gobierno autónomo.
En lo relacionado a la entrega de recursos financieros a los gobiernos autónomos descentralizados explicó que se implementa un nuevo modelo de equidad territorial, a través del cual se busca atender los gastos y las necesidades que permitan cumplir sus competencias en el territorio, sin que eso afecte o perjudique a los gobiernos autónomos del país, es decir que recibirán el 21% de los ingresos permanentes del presupuesto y el 10% de los no permanentes, con lo cual son partícipes de todo el crecimiento que tenga la economía ecuatoriana.
De esta manera, dijo, se establece una transitoria mediante la cual los gobiernos provinciales y municipales recibirán sus recursos de acuerdo con este modelo, a partir del 2011; y, en este año, todas las leyes tanto generales como específicas entregaran los recursos a los gobiernos municipales y provinciales, es decir, se mantienen los recursos generados por las leyes que están vigentes, por lo tanto no puede haber discrecionalidad sino apegarse a las leyes.
También, se incorporará la participación ciudadana, no solo como un elemento de consulta, sino, fundamentalmente, como un mecanismo que permita que la ciudadanía pueda ser partícipe de esas decisiones. Se incorporan disposiciones específicas para los gobiernos autónomos municipales y metropolitanos.
Hay avances significativos para la democracia y la descentralización, para que los alcaldes puedan resolver problemas acuciantes de sus ciudades, como por ejemplo, el que tiene que ver con los asentamientos humanos. Adicionalmente, se contempla una serie de disposiciones generales y transitorias que permitan, por ejemplo, que las juntas parroquiales desde este año puedan recibir sus recursos sobre la base de este modelo de equidad.
En la normativa se preserva lo que determina la Constitución en lo relacionado con la ley 010 (Ley del Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico y Fortalecimiento de sus organismos seccionales) y la Ley 047 (que genera rentas por la venta de energía eléctrica de las centrales hidroeléctricas Paute y Agoyán a los municipios de las provincias del Azuay, Cañar, Morona Santiago, Chimborazo y Tungurahua).
El proyecto contiene nueve títulos: Código Orgánico, Organización del Territorio; Gobiernos Autónomos Descentralizados; Regímenes Especiales, Distritos Metropolitanos; Descentralización y Sistema Nacional de Competencias; Recursos Financieros; Modalidades de gestión, planificación, participación y coordinación; Disposiciones comunes y especiales de los gobiernos autónomos descentralizados; y, Disposiciones Especiales de los Gobiernos Metropolitanos y Municipales.
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