En el marco del segundo programa Contigo ¡de ley!, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, aseguró que las garantías que se incluyen en las más de 16 resoluciones que se incorporan en la declaratoria de interés nacional de la explotación de los bloques petroleros 31 y 43, no solo protegen a las actuales ciudadanas y ciudadanos, sino, y fundamentalmente, a las próximas generaciones.Recordó que el proyecto de resolución especial, cuyo informe para segundo debate se entregaría esta semana y, de inmediato, cumplidas las 48 horas que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa para su distribución, será convocada la sesión del Pleno en la cual se procederá a la respectiva discusión, recoge las observaciones y planteamientos realizados por los deferentes colectivos, organizaciones sociales, autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados que, en más de 50 audiencias, recibió la Comisión de Biodiversidad, por ejemplo en lo que atañe a la consulta previa y la aplicación de mecanismos tecnológicos que causen el menor daño posible al ambiente.
Añadió que la resolución que debatirá la Asamblea no es la misma que planteó el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, puesto que en el proceso de análisis y socialización se han incluido entre 16 y 20 textos resolutivos que determinan, entre otros, aspectos, que los recursos que se obtengan sirvan para el cambio de la matriz productiva, construir la sociedad del conocimiento, lo que implica que esos fondos se inviertan en educación, investigación, ciencia, tecnología y salud; constituir un observatorio ciudadano, amparado en el marco de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que realice un seguimiento a los procesos de exploración y explotación; y, que ante cualquier avistamiento de la presencia de pueblos no contactados en el área, se suspenda la explotación temporalmente.
Código Integral Penal
Respecto del Código Integral Penal, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, anticipó que aspira hasta finales de octubre concluir la aprobación de dicho proyecto, considerando que requerirá de un amplio debate, en varias jornadas de trabajo, por tratarse de un documento que supera los mil artículos, distribuidos en cuatro libros.
Consideró que, hasta mediados de octubre, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado podría entregar el respectivo informe, con lo cual estará en capacidad de convocar al Pleno, a fin desarrollar el segundo debate de esta importante normativa.
Reforma Legislativa
En otro orden, la titular de la Legislatura, Gabriela Rivadeneira, anticipó que se avanza en el análisis de posibles reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para dotar de mayor efectividad a los procesos de fiscalización de las demás instancias del poder público que están sujetas al control de la Asamblea, tras indicar que -al momento- se ha dado paso, a través de la Presidencia, a 50 solicitudes de información de los asambleístas, sin contar los pedidos formulados de manera directa desde los despachos de varios legisladores.
Añadió que la reforma permitiría que los ministros y ministras de Estado o sus delegados puedan asistir al Pleno a rendir cuentas de su gestión, como parte de la responsabilidad de la Asamblea de realizar un seguimiento de la ejecución presupuestaria, pero no para descabezar a los funcionarios, sino para establecer cómo están cumpliendo los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, por ejemplo.
Igualmente, destacó la creación de la Unidad Técnica de Fiscalización, que tiene como objetivo mantener un seguimiento a los procesos que se dan en esta materia, puesto que antes algunos ministros y funcionarios acudían a la Asamblea a dejar cartones llenos de documentos y no se sabía qué destino tenía esa información. Ahora, una copia de la información se entrega al asambleísta solicitante y otra queda en esta Unidad, que es responsable de realizar un seguimiento de la misma.
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