El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, inauguró el Foro Internacional: “La Nueva Justicia Penal en el Ecuador: Perspectivas Internacionales sobre el Proyecto de Código Orgánico Integral Penal”, organizado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.
En la mesa directiva estuvieron, junto al arquitecto Cordero, el titular del Consejo Nacional de Judicatura de Transición, Paulo Rodríguez; el presidente de la Comisión, Mauro Andino; y, el Defensor Público, Ernesto Pazmiño.
El titular de la Función Legislativa se mostró seguro que la presencia y aportes de los expertos internacionales permitirán, a no dudarlo, enriquecer el proceso de socialización y, como tal, la elaboración de los correspondientes informes, como un esfuerzo del Ecuador, para actualizar el Código Penal, que fue dictado en 1938, por tanto, en su origen tiene más de 100 años.
“Tenemos hoy nueva Constitución, hay nuevos paradigmas en el constitucionalismo en el mundo entero, hay nuevas realidades”, dijo, al precisar que es fundamental discutir el rol del Estado en relación a las víctimas y, lo que es más, tomar decisiones en esta materia, para volcar esos puntos a las respectivas leyes.
Al tiempo de saludar la presencia de los expositores y la iniciativa del asambleísta Mauro Andino, destacó que la tarea a cumplir requiere de especialización y, fundamentalmente, el compromiso y conocimiento, que no tiene barreras.
Ponderó la creación de la Escuela Legislativa de la Asamblea, como punto de partida de una real formación.
Cooperación
De su lado, Paulo Rodríguez sostuvo que la reforma integral de la justicia constituye un mandato del pueblo, que se pronunció mayoritariamente mediante referéndum y consulta, para afianzar el Plan Nacional del Buen Vivir.
Resumió en seis ejes la visión del cambio, en que está empeñado el Consejo de la Judicatura, entre ellos, el talento humano, para lo cual mañana arranca proceso de evaluación de los trabajadores judiciales; luego, la creación de un modelo de gestión que propicia la oralidad; infraestructura tecnológica, acorde al siglo XXI, para modernizar y agilizar el sistema de administración, erradicando aquellos aspectos de corrupción que, a veces, pueden salpicar al sector de justicia.
También, la cooperación interinstitucional en función del bien común, manteniendo la independencia de funciones, recogiendo así el mandato constitucional.
Por último, se refirió a la gestión financiera equitativa, en el objetivo de que todos los rincones de la patria dispongan de los servicios de justicia, con la misma calidad, celeridad y calidez de talento humano debidamente capacitado; infraestructura y tecnología, tal cual poseen las ciudades medianas y grandes.
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