La asambleísta María Soledad Vela y el Defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez, entregaron al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, el proyecto de Ley Orgánica del Derecho de las Personas Usuarias y Consumidoras, que reemplazaría a la actual Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.
El Defensor del Pueblo señaló que la ley vigente es obsoleta y caduca y que el proyecto, trabajado y redactado con la legisladora María Soledad Vela y la Defensoría del Pueblo, es mucho más amplio y completo, tomando en cuenta que, por ejemplo, se establecen los derechos y obligaciones de las personas usuarias; los derechos complementarios y las obligaciones de los consumidores y proveedores; así como temas relacionados con el comercio electrónico entre otros.
De su lado, María Soledad Vela señaló que la propuesta activa nuevas herramientas de protección a la luz de la Constitución, los mecanismos de control de calidad, los procedimientos de defensa, las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, así como, por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.
Recalcó que en la ley actual las funciones de las autoridades administrativas no incluyen los derechos de las personas usuarias y/o consumidoras, se limitan a la sustanciación de expedientes e imposiciones de multas insignificantes lo que permite la reiteración de las infracciones. Igual cosa sucede con las políticas públicas y decisiones administrativas de las autoridades públicas que no satisfacen las necesidades que éstas requieren.
Aseguró que en los últimos años las personas usuarias y/o consumidoras se han visto desprotegidas por una legislación que no permite resguardarles de los peligros a los que se encuentran expuestas, como son el desmedro de su economía personal y familiar, la afectación a su trato como personas, a sus derechos sociales y los del buen vivir. Entre estos casos tenemos los robos informáticos, clonaciones de tarjetas de crédito, publicidad engañosa y otras, sin existir una regulación adecuada de los llamados contratos de adhesión por lo que muchos ecuatorianos están siendo afectados.
Por su parte el presidente de la Legislatura, Fernando Cordero, precisó que una vez que se reúna el Consejo de Administración Legislativa (CAL), pondrá en conocimiento de sus integrantes esta iniciativa y se resolverá qué Comisión se encargará de realizar el trámite respectivo.
El proyecto contiene 203 artículos, dos disposiciones derogatorias, tres generales, cuatro transitorias, donde se desarrollan los derechos constitucionales de las personas usuarias y consumidoras de acuerdo con las necesidades actuales que surgen a la vanguardias de los servicios, bienes y productos que oferten por su parte las y los proveedores.
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