Para la aprobación de la Asamblea Nacional, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, remitió el Convenio Internacional del Cacao, mismo que fue suscrito por el Ecuador en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cacao, celebrada en Ginebra el 25 de julio del 2010.
Objetivos
El convenio, entre otros objetivos, busca promover la cooperación internacional en la economía mundial del cacao; facilitar un marco apropiado para el debate de todos los temas relacionados con la fruta entre los gobiernos y con el sector privado; contribuir al fortalecimiento de las economías cacaoteras nacionales de los países miembros, mediante la preparación, el desarrollo y la evaluación de proyectos apropiados, que se someterán a las instituciones pertinentes con miras a su financiación y ejecución.
También, procurar obtener precios justos que aseguren un rendimiento económico equitativo tanto para los productores como para los consumidores dentro de la cadena de valor del cacao; fomentar una economía cacaotera sostenible en términos económicos, sociales y medioambientales; alentar la investigación y la aplicación de sus resultados mediante la promoción de programas de formación e información que den lugar a la transferencia a los miembros de tecnologías apropiadas; fomentar la transparencia; promover el consumo de chocolate y productos del cacao, a fin de aumentar la demanda del mismo, mediante la promoción de los tributos positivos del producto, incluidos los beneficios para la salud, en estrecha cooperación con el sector privado.
Dictamen de Corte Constitucional
Sobre la base del estudio e informe realizado por el juez sustanciador Édgar Zárate, la Corte Constitucional, en su dictamen, estableció que las disposiciones contenidas en el Convenio Internacional del Cacao guardan armonía con la Constitución.
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