La Asamblea Nacional recibió el proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que fue remitido por el presidente de la República, Rafael Correa, con el calificativo de urgente en materia económica. El proyecto tiene como propósito evitar, prevenir, corregir y sancionar el abuso del poder de mercado, la prevención, prohibición y sanción de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas, el control y regulación de las operaciones de concentración económica y la prevención, prohibición y sanción de las prácticas desleales, buscando la eficiencia en los mercados y el bienestar colectivo e individual.
A las disposiciones de esta ley estarán sometidos todos los operadores económicos, personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro, que realicen actividades económicas en todo o en parte del territorio nacional, así como los gremios que las agrupen y las que realicen actividades económicas fuera del país, en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos produzcan o puedan producir efectos en el mercado nacional, según la propuesta.
Entre los lineamientos que se aplicarán para la regulación y formulación de política pública en la materia de esta ley se encuentra el reconocimiento del ser humano como sujeto y fin del sistema económico; la defensa irrestricta del interés colectivo de la sociedad; el reconocimiento de las diferentes formas de organización económica, incluyendo las organizaciones populares y solidarias; y, la libertad de empresa y la libre concurrencia de los operadores económicos al mercado.
Para la aplicación de la presente Ley se observará los principios de no discriminación, transparencia y debido proceso.
Se crea la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, la que determinará para cada caso el mercado relevante, el mismo que está integrado por el mercado de producto y el mercado geográfico.
El proyecto de ley contiene 91 artículos, cinco disposiciones generales relacionadas con la jerarquía, financiamiento, publicaciones, regulación sectorial y adecuaciones; 26 reformas y derogatorias; tres disposiciones transitorias y una final.
En la exposición de motivos el mandatario destaca que el Estado tiene como deber prioritario evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado y otras que afecten el funcionamiento de los mercados, promoviendo el acceso equitativo a los factores de producción, evitando la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, la redistribución y supresión de privilegios o desigualdades en el acceso a ello, en un sistema económico de carácter social y solidario que reconoce al ser humano como sujeto y fin, propendiendo a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, estado y mercado, en armonía con la naturaleza teniendo por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.
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