El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, formuló un veto total al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El Ejecutivo, en la respectiva comunicación, considera que las disposiciones contenidas en la propuesta, para prever el procedimiento de consulta prelegislativa y mayor capacidad de fiscalización resultan inconvenientes, pues “únicamente contribuirían a retrasar más la gestión de la Asamblea Nacional y afectarían su gobernabilidad interna”.
Así, el mandatario estima que se encontraría afectada la actividad legislativa al impedírsele al ponente realizar cambios al proyecto de ley que se encuentre en trámite, previo a la votación del segundo debate.
También, cuestiona el planteamiento de reducir el quórum decisorio para cambiar el orden del día, pero, “por el contrario, se lo refuerza para evitar la destitución o enjuiciamiento de los asambleístas, lo que considero inconveniente y redundaría en un perjuicio para la propia Asamblea”.
En lo relacionado con las facultades de fiscalización, “al ampliar la posibilidad de convocar a cualquier funcionario público, también se entorpecería la gestión de las diversas entidades públicas, que se verían afectadas por la ausencia de cualquiera de sus servidores”, advierte el primer mandatario.
Finalmente, se muestra en desacuerdo con la propuesta que se realiza para la administración del Registro Oficial a través de una empresa pública controlada por la propia Asamblea, el que, a su criterio, debería mantenerse como parte de una entidad ajena al Ejecutivo y al Legislativo.
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