Con la finalidad de que informe sobre el número de jueces y las causas por las cuales se represan los delitos y contravenciones en materia de tránsito, la Comisión de Desarrollo Económico citó para mañana, miércoles 9 de junio, a las 15H00, al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Benjamín Cevallos.
Como se recuerda, el Director Nacional de Tránsito, Pedro Calero, en este organismo legislativo, aseguró que existe negligencia de los jueces para despachar las contravenciones de tránsito, pues de las 880 mil contravenciones registradas en el sistema de datos de la Policía, apenas 47 mil han sido despachadas, provocando de esta manera una pérdida para el Estado de 33 millones de dólares, a la vez que precisó que en estos datos no se incluyen los de la Comisión de Tránsito del Guayas.
Subrayó que, a pesar del trabajo realizado por los agentes de tránsito, en su afán de velar por la seguridad de las personas, existe ineficiencia de los jueces para despachar de manera ágil las contravenciones, pues al no existir una sentencia en firme, más de 11 400 conductores siguen en las carreteras con cero puntos en sus licencias; y, 1 400 con licencias revocadas, dando lugar a una corrupción generalizada.
Con la finalidad de investigar estos hechos denunciados por el Director Nacional de Tránsito, el asambleísta Rafael Dávila solicitó a la presidenta del organismo legislativo, convoque al titular del Consejo de la Judicatura, a fin de que explique las razones por las cuales no se ha mejorado el sistema de administración de justicia, en esta materia.
Saruka Rodríguez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, enfatizó que es necesario escuchar las razones por las cuales se represan las causas, tomando en cuenta que les corresponde preparar el informe para segundo debate sobre las reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, más aún cuando se debe establecer claramente las funciones de la Dirección Nacional de Tránsito y el procedimiento para la transferencia de competencias a los organismos descentralizados que deberán asumir el control y regulación del tránsito, con el apoyo de la Policía y se conoce que existirían alrededor de 33 millones de dólares que no se recaudan por multas, lo cual permitiría dar agilidad a los procesos.
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