El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, apoyó que la figura del femicidio sea tipificado en el Código Integral Penal, tomando en cuenta que los códigos orgánicos representan los valores de la sociedad y no pueden ser concebido el femicidio únicamente como una normativa represiva sino como el reflejo de los valores de la sociedad.
Es necesario luchar contra la impunidad del femicidio y para ello habrá que perfeccionar ciertas normas y tomar las medidas que correspondan a nivel de eficiencia, disciplina y prioridad en las investigaciones.
También se refirió al juzgamiento de delitos de menor gravedad. Señaló que si bien todos los delitos representan una afectación social para las víctimas y las autoridades, hay ciertos delitos que merecen investigaciones más profundas, toman mayor tiempo y deben llegar a un tribunal penal, pero existen otros delitos que son leves y deberían tener un tratamiento mucho más ágil y por tanto no deberían llegar a ser sustanciados en el tribunal penal.
En este marco, anunció que remitirá a la Comisión de Justicia un proyecto para que ciertos delitos puedan ser juzgados a nivel de un juez y no necesariamente en el tribunal penal, tomando en cuenta el tiempo que requiere y el costo que significa.
Reiteró que desde el Consejo de la Judicatura planteará reformas que conduzcan a luchar contra la impunidad y que los procesos sean más ágiles, particularmente, en aquellos delitos más cotidianos que afectan diariamente a la sociedad y que merecen sanción inmediata.
Gustavo Jalkh indicó que existe un proyecto que viene impulsando la Fiscalía General del Estado con las unidades de flagrancia, en coordinación con otras entidades como el Ministerio de Justicia y la propia Judicatura, lo cual ha permitido un efecto positivo en la lucha contra la impunidad en delitos flagrantes llegando a sanciones rápidas.
Esta iniciativa la seguiremos trabajando y será plasmada en un proyecto que lo vamos a impulsar y perfeccionar en coordinación con la Fiscalía General, mismo que permitirá disminuir la carga procesal de los jueces penales.
