Representantes de radios comunitarias y populares del país, al ser recibidos en comisión general en el Pleno de la Asamblea Nacional, al resaltar la importancia que el Legislativo apruebe la Ley de Comunicación, solicitaron la redistribución de las frecuencias analógicas y digitales y, por tanto, sean entregadas de forma equitativa a los sectores público, privado y comunitario, de conformidad con lo que determina la Constitución.
En la reinstalación de la sesión 136 del Pleno, en horas de la tarde, los parlamentarios recibieron a Paúl Mena, del Foro de Periodistas quien señaló que es necesario que en el proyecto de Ley de Comunicación se tomen en cuenta las 12 propuestas que fueron analizadas en distintos foros como son: el deber del estado de ofrecer garantías al trabajo de los periodistas; el consejo de regulación (integración y atribuciones), responsabilidad ulterior para medios, periodistas y el régimen de sanciones, caracterización de la información, regulación de contenidos violentos, extensión de la regulación a redes sociales de internet, cadenas de gobierno y publicidad oficial, medios públicos, derechos a la réplica y rectificación, eliminación de los delitos de desacato y la sanción penal de la injuria, profesionalización y manejo de frecuencias por parte del Estado.
De su lado, José Ignacio López, delegado de los radialistas apasionados, señaló que es fundamental la aprobación de la Ley de Comunicación no solo porque es mandato del pueblo en las urnas, sino porque sin esta normativa no habrá democracia de la comunicación. Pidió que se redistribuya equitativamente el espectro radioeléctrico para los tres sectores: público, privado y comunitario, por tanto, no solo debe estar regulado en la Ley de Telecomunicaciones sino también en la de Comunicación.
El mayor atentado a la libertad de expresión es la concentración de las frecuencias en pocas manos, dijo al sostener que esto ha quitado el derecho de los sectores comunitarios para su participación en el espectro radioeléctrico.
Así mismo, César Ricaurte de Fundamedios, dijo que en el proyecto se determinan controles a los medios privados, pero casi nada sobre los públicos y estatales que deberían ser controlados porque usan recursos públicos, sobre todo, en lo que tiene que ver con la propaganda y cadenas nacionales.
Queremos una ley que garantice la libertad de expresión en los tres sectores: privado, público y comunitario, así como el derecho al trabajo de los periodistas y el acceso a la información pública.
De su lado, Pilar Núñez, de la Asamblea Ciudadana por la Comunicación, al defender la urgencia de aprobar el proyecto de Ley de Comunicación, porque recoge el espíritu de la Constitución, dijo que no se trata de una ley de medios como pretenden hacer creer a la ciudadanía algunos sectores que se oponen a la misma, al tiempo que resaltó que el proyecto recoge los derechos relativos a la comunicación social y democrática.
Queremos esta ley, sentenció al sostener que en esta propuesta debe garantizar que la juventud, los niños, las personas con discapacidad puedan expresarse, por tanto “no nos reducimos al dominio arbitrario de los contenidos y los medios de comunicación que justamente han estado vinculados a los grupos de poder económico financiero”.
Algunos dicen que no se recogen los criterios de Catalina Botero, pero son pareceres de una persona más no de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo al recalcar que el pueblo defiende sus derechos y quiere esta Ley de Comunicación.
Entre tanto, Gisela Dávila, de CORAPE, precisó que es necesario garantizar el ejercicio pleno de la comunicación y esto se lograría únicamente con la democratización del espectro radioeléctrico. “La Constitución dio un gran paso al reconocer a los sectores comunitarios por lo que se debe legislar con igualdad y equidad para entregar las frecuencias”.
Verónica Calpoviña, representante de los sectores comunitarios, subrayó que por años han sido excluidos de la palabra y hoy que la Carta Magna les reconoce con todos sus derechos a la comunicación, esperan la oportunidad de tener sus propios medios de comunicación, pues en la actualidad 19 familias tienen concentrado el espectro radioeléctrico, por lo que recomendó la reversión de las frecuencias para que sean distribuidas equitativamente.
También, Humberto Cholango, en representación de los pueblos y nacionalidades indígenas, aseveró que para todos los ecuatorianos es importante la aprobación de esta ley, pero que en ella se debe reconocer el estado plurinacional e intercultural como lo determina la Constitución, a la vez que pidió que redistribuir el espectro radioeléctrico, ya que estos sectores han estado marginados del mismo. Lo fundamental es garantizar la libertad de expresión y comunicación; y por tanto, democratizar las frecuencias, concluyó.
Una vez concluida la comisión general, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, suspendió el debate de este tema para dar paso al análisis del proyecto de Ley de reformas tributarias, propuesto por el asambleísta Fausto Cobo.
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