El asambleísta Gabriel Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización, consideró que cualquier propuesta, aporte y observación al proyecto de Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua tiene que someterse a la norma constitucional.
Manifestó que la ley desarrolla las disposiciones constitucionales, por tanto, “entraríamos en una fase muy peligrosa si es que pretendemos poner todo en la normativa para contentar a todos los sectores”.
Así, el parlamentario respondió a la amenaza de movilización anunciada por el actual Presidente de la Conaie en exigencia que todos los resultados de la consulta prelegislativa sobre la Ley de Aguas se declaren como vinculantes.
Sostuvo que la Constitución prohíbe, con absoluta claridad, la privatización del agua, lo que no significa que se puedan gestionar los sistemas del recurso de parte de algunos sectores, tras puntualizar que las marchas se justifican siempre que estén dentro del marco de la ley y la Constitución, porque ese es el ejercicio democrático.
Sin embargo, es inaceptable que se cierren carreteras, perjudiquen o conculquen los derechos constitucionales en nombre de una lucha social; estamos de parte de la gente, de los indígenas y de los ciudadanos que no quieren que se privatice el agua y que vaya a manos incorrectas, agregó, al recordar que el Presidente de la República, el pasado 24 de mayo, advirtió que vetaría totalmente la Ley de Aguas y no aceptaría presión alguna, de ningún sector.
Reconoció que hay dos o tres nudos críticos, especialmente el tema de gestión del agua, pero con más debate se puede encontrar alternativas, respetando lo que dispone la Constitución.
Monumento
En otro aspecto, saludó la decisión del alcalde y concejales del cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, de retirar el monumento que constituía una ofensa al pueblo afroecuatoriano y auspiciaba el racismo.
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